La Audiencia de Cantabria ha celebrado la primera de las sesiones del juicio por el llamado caso de la cabeza de Castro Urdiales. La única acusada es la utrerana Carmen Merino, de 64 años y que lleva tres años en prisión preventiva, como presunta asesina de su pareja, Jesús Mari Baranda (contaba con 67 años), y de entregar después la cabeza del hombre envuelta en periódicos en una caja de cartón a una vecina, asegurando que contenía "juguetes sexuales".
La abogada de la acusación particular del crimen, que ejercen los hijos de la víctima, considera que existen pruebas "más que suficientes" contra Merino como autora de un delito de asesinato con alevosía con la agravante de parentesco. Así lo ha dicho la letrada, Ana Quintana, antes de entrar al juicio que ha comenzado con la declaración de la acusada —que solo ha respondido a preguntas de su abogado—, para la que pide prisión permanente revisable y, con carácter subsidiario, la pena de 25 años de prisión.
"Esperamos una sentencia condenatoria", ha recalcado Quintana a preguntas de los medios de comunicación, reiterando que, aunque la procesada niega los hechos, "hay pruebas más que suficientes para una sentencia condenatoria".
Tras constituirse el jurado popular, está previsto que el juicio se prolongue durante nueve jornadas más tras la de este lunes. Jornadas que han sido programadas a lo largo de dos semanas, hasta el viernes 18, cuando está se llevará a cabo la deliberación y el veredicto del jurado, que está conformado por un hombre y ocho mujeres más dos suplentes.
El juicio se desarrolla, en medio de una gran expectación, en la Sección Tercera de la Audiencia, donde este lunes llegó la acusada escoltada pero sin esposar. Al inicio, se planteó una cuestión previa relativa a la petición de la defensa de que se aislara al jurado durante las sesiones, que se desestimó. La defensa también reclamó que el juicio se celebrara a puerta cerrada, a lo que se opuso la Fiscalía y posteriormente el jurado, tras deliberar.
De prisión permanente revisable a absolución
Tanto la Fiscalía como la acusación particular consideran a la acusada autora de un delito de asesinato con alevosía (imposibilidad de defensa, ya que según reza el hombre pudo haber sido sedado previamente al crimen) y con la circunstancia agravante de parentesco.
El fiscal pide para la mujer una condena de 25 años de cárcel con inhabilitación absoluta durante todo ese tiempo, mientras que la acusación particular opta por la prisión permanente revisable, y subsidiariamente la solicitada por el ministerio público.
Además, la Fiscalía solicita que indemnice a los dos hijos, el hermano y el primo del decapitado con 20.000 euros para cada uno por el daño moral, mientras que la acusación pide 35.000 euros para cada uno de los hijos. Por el contrario, la defensa sostiene que la acusada es inocente y reclama la libre absolución, sin que proceda indemnización alguna.
“Había comprado cosas íntimas y juguetes sexuales (…) y lo tenía allí esperando (a su pareja) a que viniera”, ha declarado la acusada, que solo ha respondido a las preguntas de su abogado. “No me fío del fiscal y la acusación”, ha dicho, según recoge La Vanguardia.
Los trabajos para hallar el cuerpo de la víctima no dieron resultados positivos, por lo que solo se ha podido practicar la autopsia a la cabeza, que apareció a raíz de los malos olores que desprendía la caja que Merino entregó a su vecina, donde la acusada niega que hubiera una cabeza. Dicha vecina también declarara en el juicio como testigo.
En la primera sesión del juicio, la acusada ha negado ser la autora de búsquedas en su ordenador del tipo "cuánto tarda en descomponerse un cadáver"; "si mi marido desaparece, cobro la pensión"; o "cómo desatascar una motosierra".
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