La Diputación de Cádiz, desde el año 2016, financia la localización de los expedientes de consejos de guerra incoados a gaditanos. Expedientes que se alojan en cajas y legajos custodiados en el Archivo del Tribunal Militar Segundo, con sede en Sevilla. El resultado de esta iniciativa ya permite concretar una cifra: 4.668 vecinos y vecinas de la provincia Cádiz que fueron encausados por el régimen que se sublevó, el 18 de julio de 1936, contra la Segunda República.
El pasado mes de mayo la presidenta de Diputación, Irene García, y la titular de la asociación Nuestra Memoria, Francisca Maqueda, suscribieron un nuevo convenio que permitirá continuar con esta labor investigadora. Tras la localización de los expedientes Diputación alcanzará los acuerdos necesarios para que esta información sea de acceso público. Al final de este proceso se obtendrá una base de datos especialmente valiosa para las víctimas de la represión y sus familias, entidades memorialistas e investigadores. Las causas localizadas están fechadas entre 1937 y 1940.
El trabajo investigador indagó en las diferentes series alojadas en el Archivo del Tribunal Militar Segundo: procedimientos sumarísimos de urgencia, causas, diligencias previas y otras fuentes dispersas, decantándose finalmente por los procedimientos sumarísimos al ofrecer un relato más fehaciente de la represión ejercida por el sistema judicial franquista.
La mayor parte de los causas (un 98%) las promovían los consejos de guerra de Cádiz y de Algeciras, mientras que el 2 por ciento restante se suscitaban desde Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla. Estos últimos casos suelen referirse a personas que desertaron o que bien emprendieron la huida y fueron detenidos en diferentes destinos. Entre los encartados también figuran personas que, aunque residían en otras provincias, eran naturales de algún municipio gaditano o mantenían vínculos con sus lugares de origen. Entre las 4.668 personas encausadas hay vecinos de los 45 municipios de la provincia de Cádiz.
Dos servicios de Diputación –el de Memoria Histórica y Democrática, y el de Archivo General– intervienen en esta iniciativa, en la que participa el investigador Fernando Romero con la asistencia del personal del Archivo del Tribunal Militar Segundo.
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