La actual directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y sus antecesores en el cargo, Miguel Ángel Guzmán y Diego Agustín Vargas, han declarado este martes como investigados ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla por las contrataciones de emergencia realizadas en la pospandemia del Covid-19.
Los tres directivos han defendido que sus decisiones se tomaron para afrontar necesidades sanitarias urgentes y que actuaron amparados por informes jurídicos y técnicos.
Las declaraciones se han limitado a responder preguntas del juez José Antonio Gómez, la Fiscalía Anticorrupción y la defensa. Según fuentes presentes, los responsables del SAS insistieron en que la gestión sanitaria estaba marcada por la sobrecarga del sistema y el impacto del Covid, situando lo administrativo “en un segundo plano”.
Dudas sobre el fin de los contratos de emergencia
Los investigados fueron preguntados por el momento en que la contratación de emergencia debía haber finalizado, tras la publicación de la Instrucción 9/2021 de la Dirección General de Contratación de Hacienda, que indicaba el retorno a la contratación ordinaria. Uno de los comparecientes respondió que esa instrucción “no les concernía directamente”, manteniendo que actuaron dentro del marco de la excepcionalidad sanitaria.
Valle García fue cuestionada por una adenda de contratación firmada en 2024, defendiendo que las actuaciones reflejadas “fueron efectivamente prestadas” y que no se pagaron facturas ajenas a los contratos, pese a que se apuntaron importes superiores a lo inicialmente adjudicado.
Guzmán deslinda responsabilidades y habla de “sufrimiento”
Miguel Ángel Guzmán, gerente del SAS entre 2019 y 2022, negó que la Consejería de Salud impulsara el cambio del modelo de fiscalización previa a control financiero permanente, aprobado en Consejo de Gobierno en octubre de 2020. Alegó que “un gestor no puede intervenir en los contenidos del Consejo de Gobierno” y señaló que en materia de control del gasto “el competente es Hacienda”.
El exgerente afirmó que fue un “sufridor de la situación”, en referencia al colapso sanitario, distanciándose del cambio técnico de supervisión fiscal. Además, según fuentes de la sala, la Fiscalía preguntó por la financiación del Hospital Militar y su uso de fondos europeos, un asunto que ha requerido documentación adicional.
Contexto de la causa
La investigación se basa en la denuncia de 31 diputados del PSOE, con Podemos Andalucía como acusación popular, por la adjudicación de 242 millones de euros en contratos de emergencia cuando ya habían decaído las medidas excepcionales por la pandemia, reconocidas por la Junta el 18 de junio de 2021.
Los comparecientes ya habían acudido al juzgado en noviembre de 2024, cuando reclamaron el archivo de la causa y una fianza de 15.000 euros para los denunciantes.
El procedimiento continúa también en el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, donde se investigan posibles fragmentaciones de contratos del SAS.