Los grupos PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía han presentado conjuntamente en el Parlamento andaluz una solicitud formal para crear una Comisión de Investigación sobre la gestión del programa de detección precoz del cáncer de mama en el Sistema Andaluz de Salud (SAS). Los partidos justifican su solicitud ante la “alarma social” generada por los fallos del sistema de cribado, que han dejado sin seguimiento a mujeres con mamografías inconcluyentes, poniendo en riesgo su salud y su vida, denuncian. Lo hacen cuando se ha negado de nuevo un debate en la cámara sobre el asunto.
Así, los tres grupos insisten en que ya se han escuchado “testimonios estremecedores” de mujeres que, tras meses o incluso años sin recibir una nueva cita, han visto agravada su enfermedad, perdido un pecho o incluso fallecido, según dijo Amma este martes. Los grupos reclaman una explicación “veraz y completa” sobre lo ocurrido y exigen conocer el número de mujeres afectadas y la distribución temporal y territorial de los casos.
El texto acusa al Gobierno de Juanma Moreno de desplegar “argucias esquivas” y contradicciones al abordar la crisis. Recuerdan que el Ejecutivo pasó de afirmar que había solo “tres o cuatro casos” a reconocer que el problema afecta a 2.000 mujeres, alegando después una “disfunción informática” como causa.
Además, Moreno Bonilla justificó que los resultados no se comunicaran a las pacientes “para no generar ansiedad”, algo que los grupos califican de ilegal, ya que vulnera el derecho de las mujeres a conocer toda la información sobre su salud. La propuesta pide depurar responsabilidades políticas y determinar si esta práctica se extiende a otros programas de cribado, como los de colon o cérvix.
A continuación, la parte del escrito presentado en el Parlamento que realiza el relato de hechos (es decir, sin incluir la parte de justificación legal):
Se extiende por Andalucía una lógica alarma social tras conocer que las mujeres acogidas al programa de cribado de cáncer de mama que no obtienen tras la primera mamografía un pronóstico concluyente, y por tanto con sospecha y posibilidades de que sufran la enfermedad, no reciben cita alguna para la preceptiva nueva prueba o la misma se retrasa por largo tiempo, comprometiendo seriamente su salud.
La ciudadanía y los grupos parlamentarios firmantes asistimos estremecidos a escuchar los testimonios de mujeres que tras meses o años de olvido e inacción del SAS, han visto agravada su salud, perdido pechos o incluso su vida como acaba de denunciar las asociaciones de afectadas.
Es imprescindible y urgente que el Parlamento de Andalucía, a través de la Comisión de Investigación, ofrezca al pueblo andaluz una explicación veraz y completa de los motivos y causas que han provocado esta situación.
Debe ser objeto de investigación asimismo determinar el alcance numérico de las mujeres afectadas por esta situación y su distribución temporal y territorial en Andalucía.
Refuerza la necesidad de investigación parlamentaria la estrategia desinformativa del Gobierno Andaluz, que en vez de ofrecer verdad y rigor ante un problema tan grave, ha desplegado toda suerte de argucias esquivas que han transitado desde el negacionismo, afirmando que se trataban de 3 o 4 casos, pasando por tesis conspiranoicas acusando a quien contaba la realidad de "manipulación", a la opacidad de afirmar en sede parlamentaria que no se podía determinar el número de mujeres afectadas al no contar con la "autorización" para acceder a sus historiales clínicos para pocas horas después declarar que la situación afecta a 2.000 mujeres.
La creciente indignación social se ha contestado por el gobierno andaluz con nuevas estrategias desinformativas que han llevado al propio Presidente de la Junta de Andalucía, Sr. Moreno Bonilla, a afirmar que la situación de sospecha no se les comunica a las pacientes bajo la excusa de no generar "ansiedad" a las mujeres y ahora comunicar por escrito que la situación ha venido generada por una "disfunción de los sistemas informáticos" cuyo origen y naturaleza dicen desconocer.
Moreno Bonilla, al afirmar que se oculta a las mujeres el resultado de la primera mamografía para no generarle "ansiedad" afirma que su gobierno incumple la ley estatal y autonómica que consagra el derecho de las pacientes a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma, por tanto debe investigarse qué responsables políticos tomaron esa decisión y como se extendió esa cadena de instrucciones para que esa ilegal decisión se haya materializado en el Servicio Andaluz de Salud.
Igualmente, debe investigarse si esta práctica, como señalan todos los indicios e informaciones ha alcanzado a las 3 personas titulares de la consejería de salud que nombrados durante los dos últimos mandatos. Y cómo y porqué se han desoído las contundentes alertas lanzadas tanto por las asociaciones de afectadas, en especial AMAMA, como los sindicatos y los informes que avisaban del incremento de fallecidas por cáncer de mama, así como los motivos que han llevado a la Junta de Andalucía a incumplir los compromisos de terminar con esa temeraria situación.
Por otro lado, debe aclararse si esta práctica se ha extendido no solo al programa de cribado del cáncer de mama sino si se extiende a otros programas de cribado de detección precoz de cánceres como el de colon o cérvix, cuyo silencio a los requerimientos de los grupos parlamentarios o el anuncio de auditoría al respecto induce a sospechar.
Por último debe evaluarse la aplicación de las medidas efectivas y urgentes que deben adoptarse para no perjudicar más aún la salud de las mujeres afectadas y del resto de pacientes si alcanza a otros programas, a fin de acabar con la situación de alarma social y la recomposición de la confianza en el sistema sanitario público afectado por esta truculenta práctica.
De forma paralela, la Fiscalía de Andalucía, con sede en Granada, ha recibido tres denuncias por los fallos detectados en el programa de detección precoz. Proceden de El Defensor del Paciente, Izquierda Unida y Adelante Andalucía. A esa se sumará de Amma próximamente. El Ministerio Público analiza ahora la posibilidad de unificar las denuncias en una sola investigación y delimitar competencias si entre los denunciados hubiera cargos aforados.
El Defensor del Paciente acusa al SAS de una posible dejación de funciones, mientras que IU Andalucía pide a la Fiscalía General del Estado que investigue un posible delito de homicidio imprudente en la gestión de los tres últimos consejeros de Salud del PP andaluz: Jesús Aguirre, Catalina García y Rocío Hernández.Por su parte, Adelante Andalucía apunta a las mismas responsables, además de a la viceconsejera María Luisa del Moral y la gerente del SAS, Valle García, por presuntos delitos de lesiones imprudentes, homicidio por imprudencia y dejación de funciones públicas.
Las mujeres afectadas preparan denuncias: “Jugar con la vida de las mujeres no puede volver a pasar”
Mientras tanto, la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) ha anunciado que emprenderá acciones judiciales. Tras una reunión con más de un centenar de afectadas, la organización decidió estudiar la documentación recibida para determinar si presentará una demanda colectiva o individual por cada caso.
El abogado de Amama, Manuel Jiménez Soto, explicó que el correo del colectivo “está colapsado con más de 400 mails sin leer”, y criticó que algunas denuncias políticas busquen solo “cortar cabezas”, sin ofrecer soluciones reales.
La presidenta, Ángela Claverol, reclamó que “se llame a todas las mujeres y se les haga la prueba”, y lamentó que la Junta “no haya ofrecido aún soluciones”. “Jugar con la vida de las mujeres... eso no puede volver a pasar”, afirmó con contundencia.