El Ministerio de Sanidad ha solicitado a la Junta de Andalucía todos los informes disponibles sobre los errores detectados en el programa de cribado de cáncer de mama, tras la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía Superior de Andalucía. La petición se produce después de que la asociación El Defensor del Paciente denunciara una posible dejación de funciones por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en el marco de este programa de detección precoz.
En la carta remitida a la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández Soto, la ministra Mónica García solicita información detallada de los últimos cinco años, con el objetivo de evaluar el alcance del fallo y conocer las medidas adoptadas para evitar que se repita. “Los programas de cribado son una prioridad del Sistema Nacional de Salud y no vamos a tolerar fallos estructurales que pongan en riesgo la salud de las mujeres”, ha advertido García en un mensaje publicado en redes sociales.
Transparencia y coordinación entre administraciones
La titular de Sanidad ha subrayado que “la magnitud del problema actual exige la máxima transparencia y coordinación entre las administraciones” para garantizar una respuesta efectiva. En su escrito, reclama a la Junta que aporte todos los documentos elaborados o en elaboración que permitan dimensionar el impacto del error y conocer las medidas puestas en marcha o previstas para mitigar sus efectos.
El Gobierno andaluz ha reconocido que existen unas 2.000 mujeres con pruebas diagnósticas dudosas, y ha anunciado que serán contactadas de forma individual para repetir los exámenes o verificar sus resultados. La consejera Hernández Soto ha manifestado que su departamento “trabaja con rigor y celeridad” para esclarecer lo sucedido y dar tranquilidad a las afectadas.
La Fiscalía y las asociaciones de pacientes actúan
La Fiscalía Superior de Andalucía ha abierto diligencias de investigación tras la denuncia presentada por El Defensor del Paciente, que considera los fallos en el cribado como “una dejación de funciones que puede tener consecuencias graves”. Por su parte, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha anunciado una investigación de oficio para determinar el origen del fallo y supervisar la respuesta de la administración autonómica.
La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama), que ha canalizado numerosos testimonios de afectadas, tiene previsto reunirse para evaluar el número de mujeres implicadas y estudiar posibles medidas legales. En un comunicado reciente, la entidad calificó lo ocurrido como “una absoluta negligencia, que puede incluso tener consecuencias penales” y no descarta presentar una demanda judicial colectiva.
La investigación continúa abierta mientras Sanidad espera los informes solicitados a la Junta. El Ministerio insiste en que su prioridad es garantizar la seguridad, la transparencia y la confianza en los programas públicos de detección precoz, considerados esenciales para la salud de las mujeres.