El Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ha solicitado a la Intervención General del Estado un informe pericial sobre los contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) investigados por un presunto fraccionamiento irregular en la provincia. La causa abarca adjudicaciones por un importe total de 235 millones de euros y busca esclarecer si se vulneraron los procedimientos de contratación pública.
En una providencia fechada el 4 de diciembre, a la que ha tenido acceso la agencia EFE, el juzgado requiere un examen exhaustivo de todos los contratos bajo investigación, incluidas sus adendas, prórrogas y modificaciones. El objetivo es que el organismo estatal verifique las irregularidades apuntadas previamente por la Intervención General de la Junta de Andalucía, cuyas conclusiones sirvieron de base para la denuncia presentada por Podemos.
El magistrado solicita que el informe incluya un análisis técnico sobre la legitimidad del uso de contratos menores presuntamente fraccionados. También pide una comparación entre los precios finalmente adjudicados y los que podrían haberse obtenido siguiendo los procedimientos ordinarios previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, con publicidad y concurrencia. Para esa valoración, exige además que se estudien precios de contrataciones equivalentes en otras comunidades autónomas.
El órgano judicial reclama igualmente que la Intervención General del Estado determine si existió justificación suficiente para cada servicio contratado y abonado. El examen deberá abarcar las fuentes presupuestarias empleadas, las fases de autorización y aprobación del gasto público y el grado de adecuación del órgano contratante a la normativa vigente en cada caso.
El posible perjuicio al erario público
Asimismo, el juez ordena que se valore el posible perjuicio causado al erario público. Pide que se calcule, aunque sea de forma aproximada, el daño derivado de la falta de adecuación de los contratos a la modalidad de licitación que correspondía y al cumplimiento de los principios de publicidad, competencia y concurrencia exigidos legalmente.
La decisión del juzgado se produce después de que Podemos, denunciante del caso y una de las acusaciones junto con el PSOE, solicitara un impulso procesal para que se ejecuten las pruebas periciales ya acordadas y se encargue su elaboración a la Intervención General de la Administración del Estado. Las acusaciones habían reclamado avanzar en la instrucción tras impugnar los recursos de apelación presentados por el SAS, considerado responsable civil subsidiario, y por la defensa del único investigado hasta el momento.
Se trata de Demetrio González Mera, director económico de la central de compras del SAS en Cádiz, cuya defensa y el propio servicio sanitario recurrieron la decisión del juez de prorrogar seis meses más la investigación el pasado octubre. Con este nuevo auto, el juzgado busca avanzar en la determinación de posibles responsabilidades en torno al presunto fraccionamiento irregular de contratos que afecta a más de dos centenares de millones de euros en la sanidad pública andaluza.
