Miles de pruebas diagnósticas están siendo rechazadas en Andalucía sin que los pacientes ni sus médicos de cabecera lo sepan. Ecografías, resonancias magnéticas o TAC solicitadas desde Atención Primaria quedan bloqueadas por el sistema informático sanitario Diraya, en un intento del Gobierno autonómico de reducir las listas de espera, que alcanzan cifras desbordadas: solo el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva acumula cerca de 40.000 pruebas pendientes, según datos sanitarios. La dimensión del problema es enorme.
El problema se origina cuando los hospitales, encargados de autorizar las solicitudes, deniegan las pruebas y el rechazo se comunica únicamente al buzón interno del médico, sin que este llegue a revisarlo por la sobrecarga de trabajo. La consecuencia es que miles de pacientes permanecen durante semanas o incluso meses sin saber que sus pruebas han sido descartadas. Los médicos lo califican como un “limbo sanitario” que retrasa diagnósticos y tratamientos y empuja a muchos enfermos a acudir a la sanidad privada, en una información que adelanta El País y parte de una denuncia realizada por el Sindicato Médico Andaluz (SMA), además de otras fuentes del SAS.
El Sindicato Médico Andaluz denuncia que la situación afecta especialmente a Sevilla, Huelva, Almería y Córdoba, y advierte del riesgo para la salud pública. La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias sostiene que el sistema genera notificaciones automáticas para que los profesionales informen a los pacientes, aunque el sindicato replica que estas alertas se pierden entre decenas de avisos diarios, agravadas por la falta de tiempo en consultas con hasta 35 pacientes al día.
En algunas provincias, como Cádiz y Huelva, la Junta ha exigido a los médicos que justifiquen todas las solicitudes de los últimos dos años con el objetivo de limpiar las listas. Esta orden ha provocado malestar entre los facultativos, que consideran que se pone en duda su criterio clínico. Así, según El País, la decisión ha sido masivamente y de forma coordinada comunicar internamente que el 100% de las pruebas están justificadas, evitando así que se les ponga en duda. En Huelva, incluso se pidió revisar caso por caso la vigencia de las peticiones, algo que la mayoría de los médicos rechazó por considerarlo inviable y fuera de plazo.
El déficit estructural de la sanidad pública andaluza y el hecho de que desde 2019 no se publiquen oficialmente las listas de espera han incrementado la opacidad y la tensión en los centros de salud. Todo esto ocurre en un contexto ya marcado por la crisis del cribado de cáncer de mama y por un repunte de la violencia verbal hacia el personal sanitario, que denuncia sentirse cada vez más desbordado por la falta de medios y la presión asistencial.
