Las organizaciones sindicales CSIF, CCOO y UGT en Cádiz han alertado sobre la situación crítica que atraviesan varios centros de salud del Distrito Bahía de Cádiz debido a una gestión deficiente por parte de la Administración. Según han informado, en los últimos días se han registrado episodios de agresiones y conflictos que han comprometido la seguridad del personal sanitario en los centros de Puerto Sur, Federico Rubio y Casa del Mar.
El 7 de julio, un enfermero del Centro de Salud Puerto Sur tuvo que encerrarse bajo llave en su consulta tras ser amenazado violentamente por un usuario que exigía la dispensación de metadona fuera del horario permitido. Este incidente requirió la intervención urgente de la Policía Nacional, evidenciando la gravedad del problema.
No se trata de un caso aislado, ya que el día anterior, 6 de julio, en el Centro de Salud Federico Rubio se produjo una pelea entre tres usuarios vinculados al programa de metadona, poniendo en peligro la integridad tanto del personal sanitario como de otros pacientes. Además, el 8 de julio se registró una tercera agresión en el Centro de Salud Casa del Mar, en El Puerto de Santa María.
Mala planificación
Los sindicatos han atribuido estos sucesos a la mala planificación y ejecución de un programa piloto impulsado unilateralmente por la Dirección-Gerencia del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz, bajo el paraguas del llamado Programa de Humanización. Denuncian que este programa prioriza la imagen y la obtención de reconocimientos administrativos por encima de garantizar las condiciones mínimas de seguridad para los profesionales.
Mientras en otros centros del mismo distrito se cuenta con protección policial durante la dispensación de metadona, en los centros de El Puerto de Santa María los trabajadores se ven expuestos sin ningún tipo de resguardo. Desde el inicio, los sindicatos advirtieron a la Dirección sobre la necesidad de implementar seguridad privada, solicitud que ha sido desoída sistemáticamente.
Ante esta situación, CSIF, CCOO y UGT han exigido la suspensión inmediata o la reversión del modelo actual de dispensación que prescinde del personal de seguridad privada. Además, han advertido que de no tomarse medidas urgentes, emprenderán acciones legales contra los responsables de lo que califican como un despropósito.