La privatización sanitaria ha aumentado un 32,4% en Andalucía desde 2019, situando a la comunidad en la franja intermedia-alta dentro del mapa nacional, según el undécimo informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). El estudio analiza la evolución de la sanidad en las comunidades autónomas, y revela que Andalucía alcanza 23 puntos sobre un máximo de 34, por encima de la media estatal de 21,3 puntos.
A nivel nacional, el gasto sanitario privado alcanzó en 2024 los 35.000 millones de euros, un 2,6% del PIB español, mientras que las primas de seguros crecieron un 13% entre 2023 y 2024. En ese mismo periodo, el 54% de los nuevos hospitales abiertos fueron privados.
En Andalucía, el informe destaca un gasto sanitario en seguros privados de 187 euros por habitante al año, y un gasto de bolsillo de 473 euros, cifras que reflejan la creciente presencia del sector privado. Además, el 4,2% del gasto público sanitario se destina a conciertos con centros privados, las camas privadas suponen el 22,6% del total, y un 30,9% de la alta tecnología médica se concentra en hospitales privados, siempre según este informe que analiza entre otras las cuentas del SAS.
El estudio señala que hay 37,9 consultas por cada 1.000 habitantes, mientras que el 28,8% ha visitado un médico general privado en el último año. En cuanto a las mutualidades de funcionarios, un 4,6% elige la atención sanitaria privada.
Estas cifras colocan a Andalucía como la séptima comunidad más privatizada de España, por detrás de Madrid, que lidera el ranking, seguida de Canarias, Baleares y Cataluña. En el extremo contrario se encuentran regiones como Murcia, Navarra y Cantabria, donde los niveles de gasto privado son significativamente menores.
La FADSP advierte, además, de que el aumento de la privatización sanitaria “incrementa la mortalidad evitable y las desigualdades sociales”. España ya destina entre el 28% y el 30% del gasto sanitario total al sector privado, frente al 21% de la media de la OCDE, y el gasto directo de las familias ascendió en 2022 a 25.143 millones de euros, el 26% del total nacional.
El informe también lamenta la falta de transparencia de algunas administraciones autonómicas y considera “llamativo” el avance de la privatización en comunidades como Andalucía, Extremadura, Canarias, la Comunidad Valenciana y Aragón, todas con un ritmo de crecimiento superior a la media.