La vicepresidenta tercera del Gobierno y líder de Sumar, ha irrumpido este lunes con una propuesta que llega en pleno 'caso Koldo', el primer posible caso de corrupción que puede afectar al PSOE de Pedro Sánchez y al Gobierno del que forma parte la propia Díaz. De momento, las investigaciones ya han provocado que José Luis Ábalos y los socialistas separen sus caminos en el Congreso.
Díaz ha propuesto reformar la figura del indulto para prohibir que se conceda a condenados por corrupción, limitar y restringir el aforamiento de cargos públicos, así como desplegar un órgano independiente que evite presuntas tramas corruptas. Específicamente, la ministra de Trabajo ha lanzado que ya "ha llegado la hora" de modificar la legislación que regula el indulto en España para que no se pueda aplicar nunca a casos de corrupción.
Aunque la propuesta se enmarca en el caso de las presuntas mordidas por la compra de mascarillas en la pandemia, lo cierto es que tiene una aplicación directa en el mayor caso de corrupción que ha vivido Andalucía: el caso ERE. Los altos cargos condenados, entre los que está el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, solicitaron hace meses el indulto al Gobierno. Y, de momento, se encuentran en tramitación ordinaria.
José Antonio Griñán, aunque no ha entrado en la cárcel por una enfermedad, está condenado a seis años de prisión por malversación, algo que, si se lleva a cabo la propuesta de Díaz, impediría que el Gobierno de España le concediese el indulto.
Tras remarcar que le resulta "llamativo" que esta restricción de la medida de gracia no se haya aplicado ya en España, la vicepresidenta segunda ha manifestado que desde el año 1996 se han producido más de 10.000 indultos y que fue el expresidente popular José María Aznar quien más concedió a condenados por corrupción (139).
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