Vox ha registrado una proposición no de Ley en el Parlamento andaluz en la que insta a la Junta que demande al Gobierno central que modifique la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, para "eliminar la discapacidad como causa legal de interrupción voluntaria del embarazo".
En la iniciativa se insta también al Gobierno andaluz a que dote a los hospitales de la comunidad "de un protocolo sistemático de atención a las familias que van a tener un hijo con discapacidad, que incluya la facilitación de información oral y por escrito a los progenitores sobre todas las posibilidades de tratamiento médico y quirúrgico actualizado de la patología detectada en el hijo, así como de todas las prestaciones sociales y asistenciales a su disposición y la de su hijo, aumentando la relación con asociaciones con la discapacidad con la que se prevé que nacerá el hijo, además de la información que se les viene dando actualmente a los progenitores incursos en dichos casos".
Según recoge Vox en la exposición de motivos de la iniciativa, en España hay actualmente alrededor de 3,8 millones de personas con diferentes tipos de discapacidad y, entre ellas existen unas 35.000 personas con síndrome de Down, que constituye el grupo con discapacidad intelectual mayoritario. Apunta que la esperanza de vida de estas personas ha superado los 62 años, habiéndose conseguido un aumento de 2,7 años en la esperanza de vida en las dos últimas décadas, lo cual supone un gran logro y un avance significativo en la asistencia a las personas con síndrome de Down.
Indica que aunque el grado de sensibilización, protección y apoyo a estas personas por parte de todos los sectores de la sociedad, es mejorable, es el mayor que hemos conocido desde hace décadas. "Sin embargo, se da la paradoja de que la legislación vigente en materia de interrupción voluntaria del embarazo, discrimina a estas personas, ya que permite que se les pueda abortar precisamente por presentar una discapacidad", según señala Vox en la iniciativa, apuntando que la citada ley amplía el plazo legal para abortar en caso de diagnosticarse una incapacidad a un hijo, lo que supone, "como ya han denunciado varios colectivos de personas con discapacidad, una discriminación hacia ellos".
Según Vox, la norma contempla una "ampliación del plazo para la interrupción voluntaria del embarazo en los casos en los que se prevé que el hijo pueda ser portador de alguna patología que conlleve algún tipo de discapacidad". "Una de las consecuencias de esta situación es, por ejemplo, el importante descenso de la tasa anual de nacimientos de niños con síndrome de Down, que han pasado de 16,2 a principios de los años ochenta a 4,92 en los últimos años", según este partido.
En su opinión, "nos encontramos en España ante una situación en la que existe una gran sensibilización en favor de las personas con discapacidad y su inclusión en la sociedad, que choca con la legislación vigente, sometiéndolos a una discriminación, ampliando el plazo para que puedan ser eliminados antes de nacer sobre la base de que pueden padecer esa discapacidad".
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