La Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), que deroga seis normas y modifica otras 19, ha comenzado este martes su tramitación con su puesta en audiencia e información pública, por parte de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Esta norma, que suplirá a la Ley de Ordenación Urbanística (LOUA) —que ha sufrido once modificaciones en 18 años— y la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía, en un intento de desenmarañar el urbanismo en la comunidad autonómica, ha iniciado por ahora un camino en modo borrador y ya ha recibido sus primeras críticas.
La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo (PP), asegura que la nueva Ley del Suelo andaluza refuerza las inspecciones y la protección del litoral, y representa "un revulsivo" en "un momento complicado de Andalucía", ya que viene a ayudar a los municipios a desarrollar "los proyectos guardados en los cajones", punto en el que ha recordado que un total de 496 planes generales estaban "atascados", muchos de ellos en los tribunales, por "la falta de claridad de la anterior normativa". Este mismo martes se ha conocido que el TSJA ha anulado de nuevo el PGOU de Chiclana (cuya Alcaldía está en manos del PSOE) tras aceptar el recurso que presentó en su día Agaden-Ecologistas en Acción.
No tienen la misma visión sobre las supuestas bondades de este cambio normativo desde PSOE y Adelante, que han asegurado que, bajo el "mantra de la simplificación administrativa" y usando la pandemia como "excusa", el Gobierno autonómico de PP y Cs "favorece la especulación y los intereses privados". Para el portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista, Rodrigo Sánchez Haro, el objetivo que esconde este proyecto es "suprimir controles a nuevos campos de golf, al vertido de aguas residuales al dominio público hidráulico y a obras en el entorno del patrimonio histórico-artístico".
En la misma línea, la portavoz adjunta del grupo parlamentario Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, ha censurado la propuesta de modificar las actuales normas generales urbanísticas de Andalucía por tener "como único propósito reflotar la burbuja inmobiliaria causante de la crisis de 2008". "Incide en los mismos problemas que nos han llevado a sufrir una década de problemas económicos sin precedentes", y comparte objetivos "con el decretazo de desregulación que aprobó el Ejecutivo y que ha sido recurrido hasta en cuatro ocasiones ante el Tribunal Constitucional", ha añadido.
Lejos de eso, el portavoz de Fomento del Grupo Popular en el Parlamento, Juan Bueno, considera que esta medida es un intento de "acabar con el caos urbanístico que dejó el PSOE". "Que un PGOU tarde más de 10 años en tramitarse o que 500 planes generales de municipios andaluces hayan tenido que volver a la casilla de salida en su tramitación por decisión judicial dice mucho de la ineficacia y la inseguridad que los anteriores gobiernos autonómicos han dejado", ha abundado el dirigente popular, quien no se ha cortado en reivindicar que "Andalucía tiene ahora el Gobierno más verde de su historia".
Organizaciones conservacionistas como Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF ya consideraron que la convalidación del Decreto Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía, que modificaba 21 leyes y seis decretos, "es un retroceso inaceptable en las garantías ambientales de las normas andaluzas, un grave ejercicio de falta de transparencia y un atentado a la participación pública". No parece que esta nueva Ley del Suelo se encamine a contradecir el proceso que emprendió el polémico megadecreto ley de simplificación administrativa.
"El problema del urbanismo no está en el urbanismo"
"Nos preocupa que se repita recurrentemente la expresión: se regulará reglamentariamente", aseguran expertos urbanistas andaluces, consultados por lavozdelsur.es, después de un acercamiento al borrador de la Ley. "Si tengo que aplicar algo concreto, quedan cosas en el aire. También decían que después de la LOUA venía el reglamento y seguimos esperando", aseguran las fuentes consultadas. En este contexto, advierten de que, en todo caso, "el problema del urbanismo no está en el urbanismo, está en lo sectorial, y todo el mundo intenta que el urbanismo arregle sus problemas".
En este punto, detallan, "mientras que el dominio público hidráulico no se establezca y espere a que el urbanismo lo establezca, los planes se empantanarán; o si Cultura sigue sin tener claro que sus competencias absolutas son los BIC y los entornos, y se mete en que hay que catalogar una nave con estructura de hormigón sí o sí, y si no, no te aprueban un Plan, así no llegaremos a ningún lado. La agilidad está muy bien pero hay que coger a los técnicos de otras áreas y que lo tengan todo claro, porque si no, no se llegará a ningún lado". Aun así, mantienen que "independientemente de guerras políticas, la unión de dos leyes en una será algo que evite complejidades sobre el papel; otra cosa será en la práctica".
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