La portavoz de Igualdad del PSOE en el Parlamento de Andalucía, Soledad Pérez, ha lamentado este miércoles el "nuevo golpe" de la Junta a la dependencia "quitando a los ayuntamientos la capacidad de atender a sus vecinos", y acusa al presidente regional, Juan Manuel Moreno (PP), de "vaciar otra vez de contenido los servicios sociales y la dependencia".
Según expone Pérez en una nota de prensa, Moreno actúa ahora mediante un decreto-ley que elimina la obligación legal por la que los ayuntamientos inician el procedimiento y elaboran el plan individual de atención (PIA) en la Ley de Dependencia, una vez que se establece que las personas tienen derecho, "evitando la atención a la dependencia en el nivel más próximo a las personas, allí donde hay un profesional de referencia que conoce su situación socio familiar", en alusión a los ayuntamientos.
La socialista explica que la sociedad está ante "un nuevo cambio" de la Ley Servicios Sociales de Andalucía que la Junta hace "saltándose el debate en el Parlamento y la opinión de todos los grupos políticos" para poder así "imponer por decreto, sin transparencia y sin consenso una ley que fue aprobada por la inmensa mayoría de la Cámara".
"El Gobierno andaluz ha decidido unilateralmente, a golpe de un nuevo decretazo, cambiar la ley para quitarle a los ayuntamientos sus competencias en materia de dependencia", lamenta Pérez.
La portavoz socialista considera que este cambio "va a perjudicar a los miles de usuarios" de estos servicios y critica que lo único que pretende la Junta es "ocultar la pésima gestión que realiza, llevando a la ruina a la sanidad, la educación pública y la atención a los más desfavorecidos". "Los datos de la gestión del gobierno de PP y Cs son demoledores, únicamente han sido atendidas 650 personas en ocho meses, la dependencia está totalmente congelada", censura.
Pérez asegura que 63.923 personas esperan ya valoradas a recibir una prestación y 47.862 "ni si siquiera han sido valoradas", lo que hace un total de 112.000 personas en lista de espera, con la paradoja de que en enero eran 130.000 porque la Junta de Andalucía "solo reduce la lista de espera por fallecimiento de las personas, sin más recursos ni más financiación".
Ahora, "con mentiras y engaños, dicen que agilizarán el procedimiento cuando en realidad quieren evitar tener testigos incómodos de lo que está ocurriendo, por eso quieren quitar a los trabajadores sociales de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y a las diputaciones que atienden a los municipios de menos de 20.000 habitantes, la tramitación de las solicitudes y el PIA", insiste Pérez, que concluye que de esta forma "todo el sistema recaerá en una Junta de Andalucía bloqueada y colapsada, que solo anuncia planes de choque fantasmas que no obtienen ningún resultado positivo".
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