La plantilla del
Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG), entidad mancomunada que se creó hace once años, ha denunciado la
"alarmante" realidad que vive la entidad y que hace que, en la actualidad, "el servicio de abastecimiento pase, desde el punto de vista de los trabajadores que día a día lo hacen posible, por sus peores momentos". "Hay un largo etcétera de menoscabos o desgastes que, o bien son fruto de insolvencia organizativa y/o política de sus responsables, o bien obedecen a una estrategia de forzar la ineficacia en la gestión pública directa de este servicio público esencial, para así
propiciar posturas favorables a la privatización del mismo", han lamentado desde el comité de empresa en una nota de prensa.
Entre el reguero de incumplimientos o situaciones precarias que denuncian está el hecho de que "somos muchos menos trabajadores que aquel junio de 2008 en que se asumieron las competencias; y el empleo es más precario, con del 50% de temporalidad". Asimismo, advierten, se está reproduciendo mes a mes el "
incumplimiento de la legislación sobre horas extras, hasta la indecencia si se tienen en cuenta los índices de paro; turnos dobles para poder atender las instalaciones; devaluación profesional de la plantilla; conflictividad judicial; no recuperación de derechos suspendidos; deterioro de las relaciones laborales, hasta tal punto de que suponen una falta de respeto a los trabajadores y a los derechos de estos; incumplimiento de los acuerdos alcanzados, ni siquiera los de movilidad por razón de salud; cesión ilegal de trabajadores; actitudes de presunto acoso laboral sin resolver; negación de derechos de información; prácticas antisindicales; inveracidad en informes a la autoridad laboral y por la judicatura social;
estado deplorable de las instalaciones, incompatible con su finalidad de producción de agua para consumo humano...".
Por todo ello, los trabajadores del CAZG, reunidos en asamblea general celebrada el pasado día 21 de junio, "hemos acordado por unanimidad adoptar una serie de medidas que incluyen si es necesario la
movilización de la plantilla, para hacer visible la realidad por la que atraviesa la entidad, con el único propósito de reivindicar actuaciones que reconduzcan el proyecto consorcio, adoptándose soluciones que permitan una gestión adecuada, normalizada y eficaz para dar respuesta a las exigencias de calidad y servicio que demanda la población gaditana, que actualmente entendemos comprometida". En ese sentido, han solicitado a
Víctor Mora Escobar, presidente del organismo y alcalde de Sanlúcar (PSOE), y a los miembros del comité directivo, máximo órgano de gobierno y administración ordinaria del consorcio, celebrar una reunión "para hacerles sabedores de la situación actual y exponerles las preocupaciones del colectivo".
"Lamentablemente —han informado—, la entidad consorcial se ha negado a tener dicha reunión al no considerarla de obligación legal, negando el diálogo y demostrando su más absoluto desprecio hacia los trabajadores del CAZG lo que, con toda seguridad, cerradas las puertas del diálogo por estos designados políticos, no dejará más caminos a los trabajadores que la movilización sindical, de cuya posible repercusión en la prestación del servicio hacemos únicos responsables a su presidente y a los órganos responsables de la entidad consorcial".
54 millones de inversión en cuatro años
Por su parte, en una nota de prensa, Mora ha hecho balance de las inversiones en los últimos cuatro años al frente del CAZG, detallando “los 54 millones de euros invertidos en esta legislatura”, y recordando que “otro problema” con el que se encontró al acceder al cargo era la “
falta de personal y los
conflictos laborales”. El presidente del Consorcio asegura que uno de los objetivos principales “son los trabajadores, por ello, se ha contratado una
consultora externa para la realización de un estudio organizativo y estructural de la plantilla, y la posterior
negociación de una RPT”.
En cuanto a las inversiones realizadas, Mora pone en valor que se han realizado gracias “a los acuerdos logrados con la Junta de Andalucía tras años de negociación, gracias al consenso alcanzado y la buena disposición de las partes”. Al tiempo, destaca que “las necesidades de renovación, reparación y ampliación de las infraestructuras son conocidas por los miembros del Consorcio y por la Junta de Andalucía. Así lo reconoce en su ciclo de Planificación Hidrográfica 2015-2020, con un total de 403 millones de euros hasta 2027, a invertir por la administración general del Estado y las entidades locales, ya que no podemos olvidar que tenemos una infraestructura de 61 años, que necesita atención y la implantación de un plan de renovación plurianual”.
Los municipios integrados en el Consorcio que se sirven de estas infraestructuras son Algar, Arcos de la Frontera, Barbate, Cádiz, Chiclana de la Frontera, Chipiona, Conil de la Frontera, Jerez, Medina Sidonia, Paterna de Rivera, El Puerto de Santa María, Puerto Real, Rota, San Fernando, San José del Valle, Sanlúcar de Barrameda, Trebujena y Vejer de la Frontera. Entre todos ellos suman una población de más de un millón de habitantes.
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