La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido al Tribunal Supremo el contrato privado que acredita la compra de participaciones en la constructora Servinabar 2000 por parte del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Según el documento, fechado el 1 de junio de 2016, Cerdán adquirió 1.350 participaciones valoradas en 6.000 euros.
El contrato, que consta de cuatro páginas y está firmado tanto por Santos Cerdán como por el empresario Joseba Antxón Alonso Egurrola, también cuenta con el sello oficial de la sociedad en su hoja final. Este documento fue incautado el pasado 10 de junio durante un registro en el domicilio de Alonso Egurrola, ordenado por el magistrado Leopoldo Puente.
El juez Puente dirige la investigación relacionada con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, implicados en un presunto caso de cobro de comisiones vinculadas a adjudicaciones de obra pública. La entrega de este contrato a la causa aporta nuevas evidencias sobre las posibles conexiones empresariales del exsecretario del PSOE.
El oficio remitido por la UCO detalla con precisión las condiciones de la compraventa, consolidando así la investigación en curso. La documentación aporta datos claves para esclarecer la implicación de los investigados en la presunta trama de corrupción.
Irregularidades en la gestión pública
La constructora Servinabar 2000 es objeto de especial atención en este procedimiento judicial, dado su papel en los contratos de obra pública que están siendo analizados. La participación de Cerdán en esta empresa añade un nuevo elemento a las pesquisas sobre posibles irregularidades en la gestión pública.
El caso sigue abierto y bajo reserva judicial, mientras el Tribunal Supremo continúa evaluando las pruebas y el avance de la investigación. Por el momento, ni Santos Cerdán ni otros implicados han emitido declaraciones públicas al respecto.
La entrega formal del contrato secreto subraya la complejidad del caso y la labor de la Guardia Civil en la recopilación de pruebas para esclarecer los hechos investigados. El proceso judicial continúa bajo la supervisión directa del alto tribunal.