Muy cerca de Doñana, en unos terrenos con el suelo agrietado, con arbustos secos y unas vallas que los delimitan, dentro de las que pastan caballos, la tranquilidad es máxima. De momento. Sobre ellos lleva años planeando el fantasma de un proyecto urbanístico que amenaza con cambiar el paisaje y convertir esta zona de Trebujena en un campo de golf, hoteles y hasta 300 viviendas exclusivas, en unas marismas desecadas, donde está prevista la construcción de una urbanización de más de dos millones de metros cuadrados.
El Ayuntamiento de Trebujena, entonces gobernado por Manuel Cárdenas (IU), alcalde de la localidad entre 1994 y 2015, firmó un convenio con la sociedad Zanona S.A. en 2003, propiedad del promotor urbanístico Bernard Devos, con el que acordó la recalificación de los terrenos. La compañía se comprometió a pagar al Consistorio casi 5,6 millones de euros —de los que llegó a abonar 1,8 millones— cuando se aprobara el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), algo que “es un mercadeo del urbanismo inadmisible”, en palabras de Juan Clavero, de Ecologistas en Acción, en declaraciones a lavozdelsur.es.
La asociación ecologista se opuso desde el principio al proyecto y ahora forma parte de la Plataforma ciudadana contra el megaproyecto en las marismas de Trebujena, junto a otros colectivos como Río Limpio, Ateneo Juan Galán El Zarandaó, el Sindicato Andaluz de Trabajadores de Trebujena, WWF/Adena, SEO Birdlife y Salarte. “La ordenación del territorio y el urbanismo no lo pueden decidir los promotores, por muchos convenios que se firmen y cantidades que abonen a los ayuntamientos. Este urbanismo a la carta, tan en boga en plena expansión de la burbuja inmobiliaria, nos llevó al desastre de la crisis”, señalan desde Ecologistas.
El PGOU de Trebujena se aprobó en 2007 y recalificó el terreno donde prevé instalarse este macroproyecto como Suelo Urbanizable Sectorizado “SUS-16” con Uso Global Turístico, fruto del acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y Zanona en 2003. Los ecologistas critican que el documento urbanístico no se sometió a la preceptiva Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), que obliga a justificar las propuestas urbanísticas, a realizar consultas previamente a la confección del plan, y a estudiar alternativas. “El PGOU se aprobó de forma ilegal, carece de Evaluación Ambiental Estratégica, que es por lo mismo que han anulado el de El Puerto”, explica Clavero. El alcalde, Jorge Rodríguez, desmiente este punto, afirmando a lavozdelsur.es que “se aprobó en 2007 y no ha sido ni impugnado, ni llevado a la Justicia, y tiene informe favorable de Administraciones, esa afirmación no tiene fundamento”.
Una finca, cerca de los terrenos donde prevé instalarse el macroproyecto. FOTO: MANU GARCÍA
La recalificación, sostienen los ecologistas, es “totalmente ilegal”, ya que el 100 % de los suelos declarados urbanizables son inundables, “lo que prohíbe taxativamente las legislaciones de aguas, urbanística y de prevención de inundaciones”, recalcan. En las alegaciones al proyectos, presentadas por la Plataforma ciudadana contra el megaproyecto en las marismas de Trebujena, se advierte de esta posible ilegalidad, e incluso “advertimos que los técnicos municipales pueden incurrir en un delito de falsedad documental”, señala Juan Clavero.
“Es inadmisible que con unos recursos hídricos escasos, con tendencia a la baja debido al cambio climático, se sigan promoviendo este tipo de urbanizaciones despilfarradoras de agua. Este complejo urbanístico consumiría 684.545 metros cúbicos/año para riego del campo de golf y zonas ajardinadas, y 176.581 metros cúbicos/año en el abastecimiento de las viviendas y hoteles”, calculan desde Ecologistas en Acción, que considera que “esta urbanización tendría un alto impacto ambiental y paisajístico en un espacio aledaño a dos Zonas de Especial Conservación (ZEC) incluidas en la Red Natura 2000 de la UE, como son Doñana y el estuario del Guadalquivir”.
El Ayuntamiento de Trebujena, tras la movilización prevista antes del pleno extraordinario en el que pensaba dar carpetazo a las alegaciones de la Plataforma ciudadana contra el megaproyecto en las marismas de Trebujena, decidió anular la sesión e “iniciar un proceso de diálogo entre todas las partes, donde se puedan analizar las diferentes alternativas con respecto al desarrollo del proyecto turístico”. El Consistorio asegura que estas alternativas pasan por “la puesta en valor de nuestra marisma desde un punto de vista sostenible desde todas sus vertientes —medioambientales, culturales, sociales, económicas, conservacionistas—”. El alcalde, Jorge Rodríguez, asegura en declaraciones a lavozdelsur.es que el Ayuntamiento quiere que “la marisma se ponga en valor y desarrollar un proyecto turístico que genere riqueza y empleo, manteniendo el entorno”.
Rodríguez cree que Trebujena “se merece”, de una vez por todas, explotar unos terrenos desecados desde hace décadas, “que no sirven para la agricultura”. “La actividad que se genere en la marisma —añade— tiene que ir en torno al agua y debe ser compatible con uso turístico”. De hecho, cuenta que de las más de 300 hectáreas que pretende abarcar el proyecto, los promotores belgas están dispuestos a inundar entre 130 y 140 hectáreas para convertirlas en humedales.
Una vista de la marisma desecada de Trebujena. FOTO: MANU GARCÍA
El Ayuntamiento, y el gobierno que lidera, apoya este proyecto “por responsabilidad”, apunta Jorge Rodríguez, quien se considera “sensible con el medio ambiente”, pero eso sí, “no vamos a defender que en la marisma no haya que hacer nada”. De momento, no hay fecha de reuniones entre Ayuntamiento, promotores y asociaciones ecologistas, de cara a encontrar “una alternativa sensata”.
“Hay un hecho objetivo —agrega Rodríguez—: ese suelo lleva desde 2007 como urbanizable y compatible con uso hotelero, turístico y campo de golf y eso no se puede resarcir. Queremos que la marisma genere riqueza y empleo en nuestro pueblo”. El Ayuntamiento, apunta su alcalde, “no se va a posicionar del lado de quien pretenda que la marisma se siga quedando seca sin producir ningún tipo de riqueza”, siempre “respetando el medio natural”.
El Consistorio trebujenero, en un extenso comunicado publicado el pasado mes de julio, aseguraba que “fue la Junta de Andalucía quien declaró área de oportunidad turística en el POTCN (Plan de Ordenamiento Territorial de la Costa Noroeste) en el año 2011, donde incluyó el uso residencial y que insta a los Ayuntamientos a incluir en sus PGOU esta obligación”. Ante eso, el Ayuntamiento “está dando debido cumplimiento a sus obligaciones legales y actualmente está realizando el trámite de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria, que es el requisito más exigente que establece la ley y que más garantía da a los posibles impactos ambientales que puedan producir la incorporación de las 300 viviendas”.
Trebujena, una localidad de 7.000 habitantes que se debate entre la protección del medio ambiente y el impulso a un macroproyecto urbanístico que prevé generar empleo, aunque aún no se sabe cuánto.
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