La Sala II del Tribunal Supremo ha condenado al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de datos reservados tipificado en el artículo 417.1 del Código Penal. La sentencia, dictada en el marco de la causa especial 20557/2024, impone una multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros, así como una pena de inhabilitación especial para ejercer el cargo durante dos años. El tribunal también le atribuye el pago de las costas procesales y una indemnización por daños morales.
El alto tribunal ha informado de que la decisión se ha adoptado por mayoría de la Sala, aunque el fallo incluirá dos votos particulares de las magistradas Ana María Ferrer García y Susana Polo García, que han expresado su desacuerdo. Esta circunstancia ha implicado un cambio en la ponencia, que pasa a manos del presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta, responsable ahora de la redacción íntegra de la resolución.
Tendrá que indemnizar a González Amador
La sentencia, cuya versión completa aún está pendiente, contempla una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador por los daños morales ocasionados. El Supremo ha acordado, además, absolver a García Ortiz del resto de delitos que figuraban en la acusación, sin detallar cuáles eran esos cargos adicionales. También dispone la devolución de los objetos intervenidos durante los registros o su destrucción cuando proceda, y establece que los efectos jurídicos comenzarán una vez la resolución sea notificada a las partes.
La condena supone un hecho inusual en la reciente trayectoria judicial española al involucrar al máximo responsable del Ministerio Fiscal. La inhabilitación durante dos años abre un escenario complejo para la continuidad institucional de la Fiscalía General del Estado, dado el papel central que esta desempeña en la coordinación de la acción penal y en la garantía del interés público.
