El Tribunal Supremo ha dado un giro sin precedentes: Álvaro García Ortiz, actual fiscal general del Estado, ha sido procesado por el magistrado Ángel Hurtado por un presunto delito de revelación de secretos. La decisión, conocida este lunes, se basa en la supuesta filtración de un correo electrónico confidencial vinculado a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
El correo en cuestión fue enviado por el abogado de González Amador a la Fiscalía el pasado 2 de febrero y, según el auto, fue reenviado el 13 de marzo por la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, al propio García Ortiz. Horas después, su contenido terminó publicado en varios medios. Esa cadena de hechos ha llevado al juez a dar un paso clave: el auto de procedimiento abreviado, que cierra la fase de instrucción y deja el caso listo para juicio.
De celebrarse el juicio, sería la primera vez en la historia democrática que un fiscal general se sienta en el banquillo. Y lo haría en el Tribunal Supremo.
Todo comenzó en octubre, cuando el Supremo abrió diligencias al detectar contradicciones entre la información publicada y la versión oficial de la Fiscalía. El entorno de Ayuso sostenía que fue el ministerio público quien intentó pactar con González Amador. Sin embargo, el correo enviado por su abogado demostraba lo contrario: la defensa había propuesto una conformidad, admitiendo dos delitos fiscales y ofreciendo una multa para evitar la cárcel.
Según Hurtado, hay indicios suficientes para pensar que García Ortiz pudo haber filtrado el correo, actuando a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno y aprovechando la información publicada por El Mundo la noche del 13 de marzo. Aun así, no han trascendido pruebas directas de que el fiscal general fuese quien entregó el contenido a la prensa.
Las dudas aumentan por un detalle técnico: el móvil de Pilar Rodríguez confirma que le envió el correo esa noche a las 21:59. Sin embargo, en los mensajes intercambiados entre ambos no hay rastro de que fuese reenviado a terceros. Más preocupante aún, García Ortiz borró todos los datos de su teléfono, imposibilitando a los investigadores rastrear sus movimientos esa noche.
Hurtado subraya en su auto, al que ya hacen referencia ABC o El Mundo, que el mensaje contenía información protegida por la confidencialidad entre abogado y fiscal, y que esa protección fue vulnerada con su difusión. Una conversación privada con datos personales sensibles, que nunca debió salir del circuito institucional.
Ahora la pelota está en el tejado de la Fiscalía y las acusaciones personadas. Tienen un plazo de diez días para decidir si piden la apertura de juicio oral, el archivo de la causa o si solicitan diligencias complementarias.