Los magistrados del Tribunal Supremo que condenaron a los líderes del procés se han mostrado contrarios a la petición de indulto, que valorará el Consejo de Ministros próximamente, pues consideran que "no se ha vulnerado el principio de proporcionalidad de las penas a las que fueron condenados, que no hay prueba o indicio de arrepentimiento por parte de ellos y que los argumentos en los que se basan las diversas peticiones de indultos realizadas por terceros desenfocan el sentido del indulto porque dibujan una responsabilidad penal colectiva y, además, pretenden que el Gobierno corrija la sentencia dictada por el Tribunal Supremo".
“Ni siquiera flexibilizando ese requerimiento legal y liberando su exigencia de la necesidad de un sentimiento de contrición por el hecho ejecutado, podríamos atisbar una voluntad de reencuentro con el orden jurídico menoscabado por el delito. El mensaje transmitido por los condenados en el ejercicio del derecho a la última palabra y en sus posteriores declaraciones públicas es bien expresivo de su voluntad de reincidir", señala en un comunicado el Supremo.
Asimismo, el Alto Tribunal critica cómo se ha llevado a cabo su tiempo en prisión: "Con visible distanciamiento de los requerimientos legales y que ha tenido que ser corregido una y otra vez por esta Sala, ha entorpecido de forma notable el cumplimiento de los fines de la pena, alimentando la ficción de un sujeto colectivo, que sería titular del derecho a la progresión en grado y, ahora, del derecho al indulto”.
Asimismo, uno de los condenados, Jordi Cuixart, pidió una "amnistía", algo para lo que el Supremo es aún más crítico: "Esa preferencia por la amnistía - justificada en momentos políticos de transición de un sistema totalitario hacia un régimen democrático- prescinde de una enseñanza histórica que evidencia que, en no pocos casos, las leyes de amnistía han sido el medio hecho valer por regímenes dictatoriales para borrar gravísimos delitos contra las personas y sus derechos fundamentales".
La postura del Gobierno ya parece clara
La sesión del Congreso de este miércoles viene marcada por dos asuntos: la crisis de Ceuta y las peticiones de indulto. Sobre este segundo asunto, el presidente, Pedro Sánchez, se ha mostrado proclive, lo que adelanta ya que que la citada prerrogativa gubernamental se acabará ejecutando. Sánchez señala estar "a favor de la convivencia entre todos los españoles", porque "hay un tiempo para el castigo y otro para la concordia".
"Quiere indultar a los que han atacado las leyes, han reventado la concordia y han dinamitado la convivencia", ha denunciado por su parte Pablo Casado, líder del PP, al tiempo que ha asegurado que esta decisión que no es más que un "pago" a sus socios parlamentarios independentistas, para "seguir en el poder".
Comentarios