España afronta esta semana uno de los momentos judiciales más simbólicos de su historia política reciente. Por primera vez, dos ex ministros de Gobiernos de distinto signo —Jorge Fernández Díaz, del PP, y José Luis Ábalos, del PSOE— coincidirán prácticamente en los mismos días en el banquillo de los acusados, cada uno en su propio tribunal, por dos causas que forman parte del imaginario colectivo de la corrupción en España: el caso Kitchen y el caso Koldo. Dos escándalos, dos épocas, dos partidos y una misma imagen para la opinión pública: la de la clase política ante los jueces.
Las peticiones de condena son abultadas en ambos casos. La Fiscalía solicita 15 años de cárcel para Fernández Díaz, ex ministro del Interior durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy, y 24 años para Ábalos, ex ministro de Fomento y Transportes en el segundo Ejecutivo de Pedro Sánchez. La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo serán los encargados de arrojar luz sobre lo ocurrido en dos momentos concretos de la historia política española: el año 2013, bajo el primer gabinete de Rajoy, y el 2020, en plena pandemia de covid.
El 'caso Kitchen': espionaje parapolicial para proteger al PP del 'tirón de manta' de Bárcenas
La Audiencia Nacional comienza este lunes 7 de abril el juicio por el caso Kitchen, una presunta operación parapolicial diseñada para sustraer documentos comprometedores al extesorero del PP Luis Bárcenas en plena investigación del caso Gürtel y de la caja B del partido.
En el banquillo se sentarán, entre otros, el propio Fernández Díaz; su número dos, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez; el entonces director adjunto de la Policía (DAO), Eugenio Pino; y el polémico comisario José Manuel Villarejo, cuyo juicio se enmarca en la pieza 7 del caso Tándem. En total, diez acusados —eran once, pero uno ha sido eximido por enfermedad— se enfrentan a peticiones de pena que oscilan entre los dos años y medio y los 19 años de cárcel, la más elevada, que corresponde precisamente a Villarejo.
La trama, según la Fiscalía, habría estado activa entre 2013 y 2015 y se habría financiado con fondos reservados. Su pieza clave fue el entonces chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, quien habría sido captado como confidente a cambio de 54.000 euros en fondos reservados y de una plaza en el Cuerpo Nacional de Policía, en el que actualmente se encuentra suspendido. Según declaró ante el juez el comisario Enrique García Castaño —eximido del juicio por enfermedad sobrevenida—, Ríos llegó a apoderarse de dos móviles y una tablet del extesorero, los llevó a una cafetería para volcar su contenido en un ordenador y devolvió los dispositivos a su lugar. La trama le llamaba el cocinero, lo que dio nombre a la operación: Kitchen, cocina en inglés.
Fernández Díaz y Martínez niegan cualquier implicación, aunque sus versiones se contradicen entre sí de forma llamativa. El exministro sostiene que nunca supo de la existencia de esta operación, mientras que Martínez afirma que fue el propio Fernández Díaz quien le informó de que se había captado al chófer de Bárcenas como confidente y le pidió que indagara.
Para respaldar su versión, Martínez entregó ante el juzgado una cadena de mensajes de WhatsApp protocolizados ante notario, supuestamente enviados por su superior. Fernández Díaz los rechaza de plano: asegura que son una "manipulación" y que él nunca los envió. El juez intentó resolver la contradicción mediante un careo, que terminó en un cruce de reproches sin acuerdo.
Rajoy, Cospedal y Sáenz de Santamaría desfilarán como testigos
El juicio no será solo el escenario de los acusados. Algunos de los nombres más relevantes de la política española de la última década comparecerán como testigos. El ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy está citado el 23 de abril —será la segunda vez que testifica en un juicio de corrupción relacionado con su partido, tras haberlo hecho en el caso Gürtel estando aún en el poder—. Ese mismo día está convocada María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP y exministra, quien llegó a estar imputada en esta causa por sus acreditadas reuniones con Villarejo en la sede del partido, aunque el juez instructor Manuel García Castellón optó finalmente por apartarla de los acusados, con la oposición de la Fiscalía Anticorrupción.
El 27 de abril será el turno de la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y del senador popular Javier Arenas, quien mantuvo una estrecha relación con Bárcenas hasta su expulsión del PP. También está citado como testigo el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, entonces magistrado.
En su escrito de defensa, Fernández Díaz va más allá de negar los hechos: cuestiona que la investigación se haya limitado a su Ministerio sin explorar la "conexión política" de una operación en la que él asegura no tener "interés alguno", apuntando implícitamente a la dirección del PP.
Por su parte, Luis Bárcenas y su mujer Rosalía Iglesias, que declararán el 20 de abril como perjudicados, han pedido una condena de 41 años de cárcel para el exministro y para Martínez, acusándoles también de ser cooperadores necesarios del asalto que sufrió la familia en su domicilio en 2014, cuando un individuo se hizo pasar por sacerdote y retuvo a los Bárcenas bajo amenazas para arrebatarles documentos. El PSOE, como acusación, llega incluso más lejos: solicita 47 años y 10 meses de cárcel para Fernández Díaz y 38 años y 3 meses para Martínez. Podemos pide 41 años para cada uno.
El 'caso Koldo': mascarillas, comisiones y contratos en plena pandemia
Un día después del arranque del caso Kitchen, el martes 8 de abril, el Tribunal Supremo dará inicio al juicio por el caso Koldo, que tiene a Ábalos como principal acusado junto a su exasesor Koldo García —quien dio nombre al escándalo y se encuentra en prisión provisional desde noviembre— y al comisionista Víctor de Aldama.
La causa gira en torno al presunto cobro de comisiones ilegales en contratos de mascarillas adjudicados por organismos dependientes del Ministerio de Transportes en pleno pico de la pandemia de covid, en 2020. Según la Fiscalía, además de recibir una "indebida compensación económica" —que habría incluido el disfrute de un chalé y el abono de una renta por parte del empresario Aldama—, Ábalos también está acusado de haber influido para que dos mujeres vinculadas a él, una de ellas su expareja, fueran contratadas en empresas públicas.
La detención de Koldo García en febrero de 2024 dejó, según se recogió en su momento, "estupefacto" a quien había sido su jefe durante años en el Ministerio. Ábalos, que pasó de ser uno de los hombres fuertes del PSOE —secretario de Organización del partido entre 2017 y 2021— a diputado no adscrito tras abandonar el grupo socialista, se enfrenta ahora a la petición de condena más elevada de los dos procesos: 24 años de prisión. Entre los testigos citados en este juicio figuran la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, aunque el Supremo les ha permitido declarar por escrito en razón de su cargo.
La coincidencia temporal de ambos procesos dibuja un panorama judicial sin precedentes en la democracia española: dos exministros de los dos grandes partidos, juzgados a la vez, en dos de los tribunales de mayor relevancia del país, por causas que involucran presunta corrupción, fondos públicos y abuso de poder.