Resucita la causa de la Faffe: 21 altos cargos investigados por prevaricación y malversación

El Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla​​​​​​​ cita como investigadas a dos decenas de altos cargos en la causa relacionada con la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo

Fernando Villén, ex director de la Faffe, entrando a los Juzgados, donde se resucita la causa.
Fernando Villén, ex director de la Faffe, entrando a los Juzgados, donde se resucita la causa. CANAL SUR

El Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla ha citado como investigadas a 21 personas en el marco de la causa relacionada con la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). Entre los citados figuran el exdirector general técnico de la entidad, Fernando Villén, y la exdirectora económico-financiera, Ana Valls, ambos ya condenados por el uso indebido de tarjetas bancarias de la fundación en clubes de alterne.

El auto, firmado por el juez José Ignacio Vilaplana y fechado el 29 de enero, amplía la instrucción de la causa por seis meses adicionales y ordena la práctica de nuevas diligencias. Según el documento, la Faffe habría adjudicado contratos a proveedores sin respetar la legalidad administrativa y financiera, recurriendo a procedimientos simplificados y directos de forma arbitraria e injustificada entre 2008 y 2010. Estas prácticas habrían impedido la libre concurrencia en las contrataciones y favorecido a adjudicatarios concretos.

El magistrado ha solicitado a la Dirección General del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) un informe detallado sobre las subvenciones concedidas a la Faffe entre 2007 y su disolución en 2011. También ha requerido información sobre los expedientes de reintegro y revisión de oficio de dichas ayudas, así como el monto de las deudas por reintegro que se hubieran extinguido con la absorción de la fundación por el SAE.

Además, el juez ha ordenado a la Dirección General del SAE y a la Tesorería General de la Seguridad Social que faciliten documentación a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la contratación de diez personas por parte de la Faffe. Según el auto, existen indicios de delitos de prevaricación administrativa y malversación vinculados a la contratación de proveedores, personal y justificación de subvenciones.

El análisis de la UCO cifra en 9,4 millones de euros el importe de los contratos presuntamente irregulares. También señala irregularidades en la justificación de subvenciones recibidas, principalmente de la Consejería de Empleo y el SAE. Estas ayudas habrían sido utilizadas para contratar servicios ficticios, permitiendo imputaciones de gasto sin la correspondiente prestación de servicios.

El instructor también apunta a la contratación irregular de al menos 84 personas sin seguir los procedimientos legales ni respetar los principios de mérito y capacidad. Estas contrataciones se habrían realizado sin convocatoria pública ni observancia de la normativa vigente, lo que habría permitido la creación de puestos de trabajo ad hoc para justificar el pago de salarios y prestaciones.

Según la investigación policial, la contratación de personal se llevó a cabo de forma discrecional, sin respetar los principios de igualdad, objetividad y publicidad. Además, algunos contratos podrían haber respondido a favores políticos o personales, y determinados empleados no cumplirían con los requisitos de cualificación exigidos para los puestos asignados.

El calendario de citaciones comienza el 11 de marzo con Ana Valls, seguida de Manuel Villén, exdirector de Administraciones Públicas de la Faffe, el 25 de marzo, y Fernando Villén, citado para el 1 de abril. También comparecerán varios exdirectivos y responsables de entidades vinculadas a las contrataciones investigadas.

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