La investidura de Pedro Sánchez sigue sin estar clara. De hecho, hasta el último momento no se va a poder descartar una repetición electoral. Los resultados de las pasadas elecciones generales dejaron una composición compleja del Congreso de los Diputados. Como ha pasado anteriormente, las fuerzas nacionalistas serán clave para formar Gobierno.
Esto dificulta mucho que Alberto Núñez Feijóo sea presidente debido a las incompatibilidades que existen entre estas formaciones y Vox. Para Sánchez, la situación es algo más sencilla, pero tampoco en exceso. Si bien las relaciones con los partidos vascos parece fluida y sencilla hasta el punto de que Bildu ha garantizado el sí antes de sentarse a negociar, en Cataluña la situación es más compleja.
Aunque durante la pasada legislatura el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos fue de la mano en muchas ocasiones con ERC, en Junts (partido de Puigdemont) Pedro Sánchez encontró oposición a prácticamente todo. El problema que tiene la coalición pogresista, además de que Junts es un partido conservador, es que necesita sus votos afirmativos. Ni siquiera es suficiente la abstención.
Lo ajustada que está ahora mismo la investidura también permite a estas formaciones subir el precio de sus apoyos. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Père Aragonés, ya ha deslizado algunas de las peticiones de ERC. Por su parte, el PSOE también comienza a mostrar sus cartas dejando claro que la negociación se realizará dentro de los márgenes de la Constitución.
Una de las medidas que ya ha mencionado el PSOE es la posibilidad de que el Estado asuma parte de la deuda que tiene Cataluña. La actual ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, reconoció esta semana que existía la posibilidad de que algunos grupos independentistas pudieran plantear esta cuestión en la negociación, aunque veía "precipitado" hablar en este momento de dicho escenario. "Es ahora mismo anticiparse a un debate que todavía no está encima de la mesa", añadió María Jesús Montero sobre esta cuestión, que apostó a su vez por reformar el sistema de financiación autonómica en la siguiente legislatura.
El simple hecho de que la cuestión ya haya saltado al debate público ha puesto en alerta a varias comunidades autónomas entre las que se encuentra Andalucía. A pesar de que en agosto no existe demasiada actividad en el Ejecutivo andaluz, Rocío Blanco, consejera de Empleo, ha alzado la voz para alertar de posibles contraprestaciones.
"España es un Estado autonómico" donde "todos somos iguales ante la ley", y en esa línea ha aseverado que "los ciudadanos de Andalucía no pueden ser tratados de peor condición que una persona que viva en Cataluña". "Tenemos que tener todos igual consideración", ha enfatizado Rocío Blanco, que ha remarcado que Andalucía está infrafinanciada".
"Nos parece que hay que estar en contra de una condonación de deuda" a Cataluña "cuando Andalucía también tiene deuda con el Gobierno de España", ha manifestado la consejera de Empleo antes de agregar que desde la Junta "tenemos que defender los intereses de los andaluces, y no podemos tener un entorno diferente y jugar en otra liga", porque la posible condonación de deuda sería "un trato de favor que en un Estado de derecho como el que tenemos en España no se debe consentir", ha opinado.