El Juzgado de Instrucción número 3 de Almería ha registrado esta semana dos escritos de la acusación personada en el antiguo Caso Halsa, ahora Operación Términus, tras la constatación por parte de la Policía judicial (UDEF) de la existencia de una supuesta ‘Caja B’ al servicio del PP en Almería, de donde podrían haber salido unos 7 millones de euros en comisiones o mordidas, solo en los diez años investigados, a políticos y técnicos, así como dinero que fue presuntamente a parar a la financiación de campañas electorales del PP.
Entre las personas que se solicitan sean llamadas a declarar, los escritos registrados esta semana en el Juzgado tanto por los cuatro ex ediles del PSOE de La Mojonera que denunciaron en su día las presuntas ilegalidades como por AMAyT (asociación mediterránea anticorrupción y por la transparencia) citan al presidente del PP de Almería y alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat; el ex alcalde de La Mojonera y hoy alto cargo de la Junta, José Cara, así como la intervención judicial de los ayuntamientos de los términos municipales de Roquetas de Mar y La Mojonera, dos de los núcleos centrales de la investigación policial.
A petición de una providencia judicial dictada en agosto pasado, en estos escritos, a los que ha accedido lavozdelsur.es, se solicita que sean oídas las declaraciones de todos los representantes legales de las empresas investigadas, funcionarios municipales y en calidad de investigados el secretario General del Ayuntamiento de Roquetas, altos funcionarios y miembros de la Comisión de Gobierno. También se cita a Antonio Jesús Rodríguez Segura, presidente del Partido Popular de Níjar y ex alcalde de Níjar, para que sea llamado a declarar en calidad de investigado.
En el caso de Gabriel Amat, alcalde de Roquetas y ex presidente de la Diputación provincial, la acusación en manos de los antiguos concejales socialistas pide que sea imputado para que declare “como máximo responsable a nivel provincial y local del Partido Popular, así como por su condición de alcalde e interviniente en la adjudicación de todas las obras y expedientes analizados por la Policía Judicial que aparece presidiendo todas las Juntas de Contratación donde se adjudicó a Halsa, empresa que supuestamente habrían cometidos numerosos delitos".
En una entrevista en Canal Sur Radio, en línea con la postura que ya manifestó el líder regional del PP, el también presidente de la Junta de Andalucía Juan Manuel Moreno Bonilla, su mano derecha, Elías Bendodo, ha apelado al respeto a la "presunción de inocencia" y a las "decisiones judiciales" ante informes elaborados por fuerzas y cuerpos de seguridad sobre asuntos que vincularían a representantes del PP en Almería y Jaén. Al ser preguntado sobre un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sobre financiación del PP de Almería, y otro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que afecta al exalcalde 'popular' de Jaén José Enrique Fernández de Moya.
Al respecto, en declaraciones recogidas por Europa Press, el portavoz del PP-A ha defendido que desde su partido siempre apelan al "respeto absoluto a las decisiones judiciales", si bien ha apostillado que, "en el caso de Almería", lo único que hay por ahora es "un informe de la UDEF que no ha ido más allá". "Presunción de inocencia siempre", así como "respeto a la Justicia y a sus investigaciones, y colaboración absoluta si nos la solicitan, en este caso y en todos", según ha añadido Bendodo, que, en todo caso, ha pedido también que "no nos anticipemos", porque "en el caso de Almería no hay nada, ni imputados ni una investigación judicial", según ha insistido. Así las cosas, el portavoz 'popular' ha abogado por ir "despacio" y esperar a "ver cómo quedan los acontecimientos", con "prudencia" y respetando "la presunción de inocencia de las personas".
Lo cierto es que en el escrito remitido por AMAyT se suplica al juez que, "ante el posible riesgo de desaparición de pruebas, se proceda de inmediato por este Juzgado a la intervención judicial de los ayuntamientos de los términos municipales de Roquetas de Mar y la Mojonera, acordando mediante auto se traslade una comisión judicial acompañada de los miembros de la UDEF que han realizado los informes correspondientes a los atestados atestados policiales 3320/20 y 3937/20, para que, personados en dichos ayuntamientos, se proceda a la intervención judicial de todos los expedientes investigados y la comprobación de los documentos que faltan en los mismos en presencia del secretario responsable su custodia y de los funcionarios responsables".
El objetivo, como advirtió la UDEF, es que se le requiera sobre en qué lugar se encuentran dichos documentos que faltan en los expedientes, "o en su caso manifiesten si han sido destruidos o si han desaparecido, o no constan en el expediente, así como los motivos de no obrar en el expediente. Si los mismos están informatizados, se proceda a la realización de una copia de los discos duros de los ayuntamientos y de los correos del intranet de los funcionarios y políticos responsables".
En paralelo a todo esto, el PSOE en Roquetas está impulsando una moción de censura para desalojar a Amat de la Alcaldía, aunque sus seis concejales frente a los once del líder popular almeriense hacen difícil que prospere.
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