La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha propuesto llevar a juicio a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por presunta comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública y uno de falsedad documental. La decisión se produce tras la conclusión de la investigación judicial abierta a raíz de una denuncia presentada por el Ministerio Fiscal, centrada en posibles irregularidades cometidas en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021.
En el auto emitido por la jueza Inmaculada Iglesias se establece el traslado del procedimiento a las partes personadas, entre ellas el PSOE y Más Madrid, para que presenten sus respectivos escritos de acusación o, en su defecto, soliciten el archivo de la causa. El procedimiento se abrió tras recibir la Fiscalía un informe de la Agencia Tributaria que alertaba de posibles delitos fiscales.
Los hechos investigados giran en torno a supuestas irregularidades en el Impuesto de Sociedades, con la utilización de facturas por servicios no prestados que habrían tenido como objetivo reducir de forma fraudulenta la cuota tributaria. Estas facturas habrían sido emitidas por distintas sociedades y, según la denuncia, no responderían a operaciones reales.
La causa también incluye la imputación de un presunto delito de falsedad documental, por la aportación de facturas ficticias. Las pesquisas apuntan a que estos documentos fueron utilizados para justificar gastos inexistentes, con el fin de abonar una cantidad inferior a la que legalmente correspondía en concepto de tributos.
La instrucción
En una comparecencia celebrada el pasado 24 de febrero, González Amador decidió no declarar ante la magistrada instructora, acogiéndose a su derecho a guardar silencio por recomendación de su defensa. En ese momento, estaba pendiente de resolución un recurso sobre la apertura de una pieza separada del caso.
Días después, la Audiencia Provincial de Madrid avaló la investigación de hechos penales distintos a los inicialmente incluidos en la causa principal. Con esta decisión, se amplió el alcance del procedimiento más allá de los delitos fiscales inicialmente examinados.
Durante el desarrollo de la causa, González Amador documentó ante la jueza los ingresos percibidos de la empresa Quirón Prevención. Asimismo, negó haber utilizado una sociedad instrumental con el propósito de eludir sus obligaciones tributarias, como sostiene la denuncia del Ministerio Público.
El origen del caso se sitúa en un informe remitido en 2022 por la Agencia Tributaria a la Fiscalía, centrado en la sociedad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos. El documento señalaba posibles delitos fiscales por un importe superior a los 120.000 euros, así como un presunto delito de falsedad documental relacionado con la emisión de facturas que no reflejaban servicios efectivamente prestados.