El Gobierno andaluz ha dado este miércoles luz verde al anteproyecto de la nueva Ley de Vivienda, un texto que arranca ahora su tramitación parlamentaria por la vía de urgencia y que busca un objetivo claro: aumentar la oferta de pisos a precio asequible, simplificar trámites y blindar la protección de las viviendas públicas.
La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, destacó que el proyecto nace de un proceso de “escucha, debate y participación” con los sectores implicados y que pone el foco en facilitar suelo y recursos económicos para levantar nuevas viviendas. El texto deroga cuatro leyes previas, elimina “marañas administrativas” y establece áreas prioritarias en las que se concentrarán ayudas al alquiler, a la compra y a la construcción.
Una de las claves está en las bolsas de suelo disponibles. Según la Junta, hasta ahora medio centenar de ayuntamientos, entre ellos casi todas las grandes ciudades, han comunicado la existencia de 630 parcelas urbanizadas, que suman 1,3 millones de metros cuadrados. En ellas podrían levantarse hasta 40.000 viviendas, de renta libre, protegidas o de alquiler asequible.
No será una receta "obligatoria"
El decreto urgente aprobado en marzo ya permitía a los municipios recalificar suelos terciarios o destinados a equipamientos para destinarlos a vivienda, así como aumentar la edificabilidad en parcelas residenciales si se destinaban a VPO. Ahora, esa medida queda consolidada en la ley.
La norma también fija el blindaje del parque público: las viviendas construidas directamente por la administración no podrán venderse en el mercado libre. En el caso de promociones privadas con fondos públicos, la protección oscilará entre 7 y 70 años, dependiendo del plan al que se acojan.
Díaz insistió en que la Junta no forzará a los municipios a sumarse: No se va a imponer nada a ningún ayuntamiento. Esta es "una herramienta para facilitar vivienda asequible, pero no es obligatoria".
Además, se pondrá en marcha un portal informático que unificará la oferta de VPO en toda Andalucía y una comisión técnica para garantizar la calidad e impulsar la industrialización en la construcción. También se incentivará la rehabilitación de barriadas y la eliminación de infraviviendas.
Con esta ley, la Junta pretende acelerar la construcción de pisos, abaratar el acceso a la vivienda y reforzar la protección del parque público, en un contexto de precios disparados y demanda creciente.