El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha acordado este sábado dejar en libertad con medidas cautelares a la exmilitante del PSOE Leire Díez, al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso, socio del exdirigente socialista Santos Cerdán, investigados por presuntas irregularidades en contratos públicos.
La fiscal Elisa Lamelas había solicitado que los detenidos queden en libertad con la obligación de comparecer periódicamente en sede judicial y con la retirada del pasaporte. Dado que en la causa no hay acusaciones particulares ni populares personadas, el magistrado instructor no podrá decretar prisión para ninguno de los investigados.
Los tres detenidos han llegado en furgón policial a la Audiencia Nacional a las 08.30 horas de este sábado, y el juez ha comenzado a tomarles declaración a partir de las 10.00 horas. Las detenciones se produjeron el pasado miércoles, cuando agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ejecutaron las órdenes dictadas por el instructor, que mantiene las actuaciones bajo secreto de sumario.
Registros, empresas investigadas y delitos bajo sospecha
La causa, impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, investiga posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. En el marco de estas pesquisas, el juez ordenó registros y requerimientos de información en Madrid, Sevilla y Zaragoza, relacionados con empresas vinculadas a Servinabar, mercantil que, según la UCO, estaría relacionada con Santos Cerdán.
Los agentes registraron las sedes de Forestalia en Madrid y Zaragoza y recabaron documentación en la SEPI, Mercasa, Conaudure y Enusa. También solicitaron información en Correos y en los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, que precisó que los expedientes requeridos fueron entregados “con total colaboración” y que “fueron tramitados con todas las garantías y siguiendo los procedimientos habituales establecidos”.
Además de Díez, Fernández y Alonso, figura como investigado el expresidente de Enusa José Vicente Berlanga, según anunció este viernes el PSPV, elevándose a más de una docena el número de personas investigadas en el procedimiento.
Otras causas paralelas y pagos bajo investigación
Leire Díez también está investigada en otra causa por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, que instruye el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid. El juez Arturo Zamarriego considera que la exconcejal socialista “lidera una actuación delictiva, continuada y coordinada” para recabar información sensible con el objetivo de “anular o malbaratar investigaciones” en casos relevantes.
Por su parte, Vicente Fernández, expresidente de la SEPI entre 2018 y 2019, aparece en documentación remitida por la Hacienda Foral de Navarra al Tribunal Supremo en el marco del caso Koldo, donde se detallan pagos de Servinabar por importes de 68.632,48 euros en 2021, 33.251 euros en 2023 y retenciones de 40.800 euros en 2022.
En cuanto a Antxon Alonso, administrador único de Servinabar, está también investigado por el Supremo en otra pieza del caso Koldo. En su declaración, negó el pago de mordidas por adjudicaciones públicas y defendió que siempre ha sido el único socio de la empresa.
La causa sigue abierta y bajo secreto, a la espera de la decisión judicial sobre las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía.
