El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, bajo el mando del ejecutivo bipartito de PP y Cs, ha aprobado este pasado lunes el decreto Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía, que supone la modificación de 21 leyes y de seis decretos e incluye un centenar de medidas, entre simplificación de procedimientos, eliminación de barreras o modificación de tasas, en ámbitos como el turismo, el comercio, la salud, la industria agroalimentaria, la pesca, el medio ambiente, el urbanismo, la energía, los servicios sociales y los de carácter audiovisual.
Entre las medidas, rebajar tasas, sustituir licencias de obras u ocupación por declaraciones responsables, liberalizar los horarios comerciales (por ejemplo, de diez domingos o festivos para comercios de más de 300 metros a un total de 16; "para competir contra Google o Amazon", defiende Rogelio Velasco, consejero de Economía), derogación de permisos obligatorios en materia de protección ambiental, manga ancha para los alojamientos turísticos, fin de los obstáculos para inaugurar nuevos campos de golf en la comunidad...
Unas reformas, según ha manifestado el consejero de Hacienda, Juan Bravo, hechas "de la mano del sector privado". De hecho, la patronal ha aplaudido la medida, largamente acariciada por los representantes empresariales. Dirigentes como Javier Sánchez Rojas, presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC), ha manifestado en un comunicado: "Hemos defendido históricamente que era necesario mejorar la excesiva carga burocrática y administrativa que afecta las empresas, la tardanza en resolver procedimientos y la duplicación de trámites". Del mismo modo, las Cámaras de Comercio andaluzas aplauden el Decreto Ley de Simplificación para un desarrollo empresarial más "ágil y eficaz".
Grupos como Adelante Andalucía han considerado, en cambio, que lo que se ha aprobado es "la ley de la selva", y sindicatos como CCOO han advertido de que lo que aprueban PP y Cs es "recuperar la cultura del 'pelotazo". Facua, a todo esto, ve "lamentable" que la Junta cambie 27 normas con un decreto-ley y que prime a empresas frente a consumidores. Bajo una "negligente falta de transparencia", el portavoz de la organización de consumidores, Rubén Sánchez, ha manifestado: "El Ejecutivo andaluz se ha apoyado en las orientaciones del sector empresarial para realizar las reformas y no ha tenido en cuenta la voz de los usuarios".
"Lo poco que hemos podido conocer hasta el momento no sólo representa una grave amenaza" para el pequeño comercio tradicional o la conservación del medio ambiente, sino que abre las puertas de manera definitiva a un modelo económico que "expulsa a la gente de las ciudades y rompe nuestro modo de vida", ha valorado Teresa Rodríguez, portavoz de Adelante que ha pedido la comparecencia de la Junta en el Parlamento para explicar el polémico decreto ley.
Aumento del PIB, las previsiones del Gobierno andaluz
Esta reforma legal, coordinada por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, se enmarca en el Plan para la Mejora de la Regulación Económica impulsado por la Junta en esta legislatura, que tiene como finalidad "atraer inversiones y facilitar el acceso a la actividad productiva a emprendedores y empresas, simplificando y proporcionando seguridad jurídica, agilidad y una regulación más eficiente".
Así lo han expresado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín; el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, y el consejero de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad, Rogelio Velasco. También han comparecido en relación con este decreto los consejeros de Hacienda, Juan Bravo; de Agricultura, Carmen Crespo, y de Fomento, Marifrán Carazo.
Para el Gobierno andaluz, la generación de normas eficientes y trámites simplificados y la existencia de instituciones eficaces se convierten en "un factor central del buen funcionamiento de la actividad productiva, y por tanto, del desarrollo". De ahí que haya considerado prioritaria, según ha explicado, "la mejora de la regulación, teniendo en cuenta que Andalucía presenta desde hace años importantes debilidades en la materia, debido a que han existido leyes que condicionan la competitividad del tejido productivo andaluz y que suponen un freno al emprendimiento, a la inversión y a la creación de empleo". Según las estimaciones de la Junta, acercarse a la media europea en cuanto a nivel regulatorio, que es lo que se pretende con el nuevo decreto, puede elevar el PIB per cápita alrededor de un 2,5% en un plazo de entre cinco y diez años.
El consejero de la Presidencia ha indicado que las premisas del Gobierno andaluz son "menos impuestos, menos trabas para las familias y para los emprendedores, más libertad y más seguridad jurídica": "Estamos comprometidos con construir una autovía para la inversión en Andalucía y hoy damos un paso importante". La Junta ha destacado que para la elaboración de este importante decreto ley, que nace con todas las "garantías jurídicas", se ha hablado con los sectores implicados o afectados por algunas de las normas que se modifican, como representantes de la industria, del medio ambiente, o de los empresarios.
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