La Junta de Andalucía ha defendido este lunes que el decreto que debe regular el teletrabajo de los empleados públicos "nunca ha estado parado" y que su tramitación continúa a la espera del informe del Gabinete Jurídico. La Administración autonómica sostiene, en una información avanzada por Europa Press, que la complejidad de la norma obliga a completar todos los pasos previstos antes de su aprobación definitiva. La respuesta no convence a los sindicatos. Y es que la explicación se ha producido después de una Mesa Sectorial extraordinaria en la que se ha abordado el futuro del decreto. Según fuentes de la Junta, hasta ahora han sido necesarios 42 informes y el expediente acumula ya alrededor de 5.000 folios.

El Gabinete Jurídico dispone de tres semanas para emitir su pronunciamiento. Una vez recibido, la Administración analizará las observaciones y, si procede, introducirá modificaciones antes de enviar el texto y el expediente a la Comisión General de Viceconsejeros. Después llegará otro trámite. El Consejo Consultivo tendrá 20 días hábiles, aproximadamente cuatro semanas, para emitir su dictamen antes de que pueda elaborarse la redacción definitiva. La Junta explica que el documento ha cambiado respecto al borrador inicial tras incorporar numerosas aportaciones procedentes del trámite de audiencia y de los informes preceptivos. Ese texto definitivo deberá volver después a los órganos de negociación: Mesa General, mesas sectoriales y Comisión del Convenio. "No tendría sentido trasladar como definitivo un borrador que todavía puede sufrir modificaciones", han señalado fuentes de la Administración.

CSIF e ISA cuestionan los plazos

CSIF Andalucía critica que la Junta "siga alargando indefinidamente" el proceso y recuerda que el 21 de abril se firmó un pacto que situaba el último día de septiembre como fecha límite para aprobar el decreto. El sindicato sostiene que la Administración no ha concretado un nuevo calendario y considera insuficiente la Circular 1/2026, concebida como marco provisional hasta que entre en vigor la nueva regulación. CSIF ya había presentado a principios de octubre un escrito reclamando una fecha concreta y no descarta nuevas medidas.

También Iniciativa Sindical Andaluza mantiene su rechazo. ISA sostiene que el Gobierno andaluz "sigue bloqueando su aplicación" y afirma que, entre los informes pendientes, únicamente se ha emitido el de la Dirección General de Presupuestos, recibido el 15 de octubre. La organización, que ya ha iniciado trámites previos a la vía legal por el retraso, cuestiona además una posible vinculación del teletrabajo a la evaluación del desempeño y rechaza que se mantenga un periodo de seis meses entre la aprobación del decreto y su aplicación efectiva.