El Gobierno andaluz ha asegurado este martes que, en ningún momento, se ha abordado una posible "venta" de Verificaciones Industriales de Andalucía (Veiasa), la empresa pública que gestiona el servicio de ITV en la comunidad, aunque ha alertado de la prohibición de los monopolios en la Unión Europea. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo y consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha manifestado que no le consta ninguna información sobre una posible privatización de Veiasa.
No obstante, ha querido señalar que la Unión Europea, en cualquier momento, puede emitir un dictamen, informe o solicitud que diga que Veiasa "es un monopolio". Ha recordado que en la UE no están permitidos los monopolios y ahora sólo hay una empresa publica que presta este servicio de las ITV en la comunidad, lo que "va en contra de todas las normas europeas".
Por su parte, el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha señalado que, en "ningún momento", en el seno del Consejo de Gobierno se ha "hablado de la venta de ninguna empresa pública". "No hay ninguna intención en esa línea", ha apuntado.
El PSOE-A, por su parte, ha urgido al Ejecutivo andaluz a explicar si tiene previsto privatizar el servicio de inspección técnica de vehículos (ITV) de la comunidad autónoma, toda vez que ha avisado que en otras regiones con ese modelo se han producido "sobrefacturación, precios abusivos y adjudicaciones a amigos del Gobierno".
Así se ha pronunciado en rueda de prensa el portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista y delegado de Universidades del PSOE-A, Antonio Ramírez de Arellano, al ser preguntado por la información de El Confidencial. En esta clave se interpreta en el sector la decisión del Gobierno andaluz de traspasar Veiasa, hasta ahora dependiente de la agencia IDEA integrada en la Consejería de Economía, a Hacienda.
Al respecto, el socialista ha explicado que la empresa pública supone un activo de más de cien millones y que aporta un beneficio de más de 15 millones al año, pero además "ofrece un servicio homogéneo en toda la comunidad, de calidad y con garantías", así como ha incidido en que "para evitar lo ocurrido en Valencia o Cataluña, con sobrefacturación, precios abusivos y adjudicaciones a amigos, en su día la Junta no renovó las concesiones y constituyó una empresa pública eficiente y que funciona bien".
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