La Junta de Andalucía, en manos de PP y Cs, y el apoyo externo de Vox, prepara la privatización de la red andaluza de las Inspección Técnica de Vehículos (ITV), la única que sigue en manos públicas en España. Según publica El Confidencial, la venta atrae el interés de grupos industriales y fondos que la valoran en un mínimo de 200 millones la concesión. Un proceso que puede arrancar a partir de 2020.
La coordinadora de UGT-FICA (Federación de Industria, Construcción y Agro) de Andalucía acordó hace una semana continuar las movilizaciones en la empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía Sociedad Anónima (Veiasa) tras la concentración que los delegados de esta empresa pública, que gestiona las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) en Andalucía, celebraron el pasado 11 de octubre. Ante la falta de respuesta de la administración andaluza se ha planteado "hacer huelga indefinida si fuera necesario".
"Vamos a seguir con el proceso de movilizaciones para seguir reclamando empleo estable y las contrataciones en Veiasa, la no vulneración del derecho a la negociación colectiva y la defensa del preacuerdo alcanzado con la empresa, así que seguimos apostando por el servicio público de las ITV, según informó el sindicato a través de un comunicado.
La coordinadora de UGT-FICA ha declarado que contempla "la necesidad de convocar huelgas dentro de un calendario de movilizaciones, llegando a la huelga indefinida si ello fuese necesario" y ha hecho un llamamiento a otros sindicatos para que "se sumen a este calendario de movilizaciones los otros sindicatos presentes en la empresa", en referencia a CCOO y CSIF.
El pasado 10 de octubre en el Pleno del Parlamento de Andalucía, en la sesión de control al Gobierno, el consejero de Hacienda, Juan Bravo, respondió al diputado socialista Antonio Ramírez de Arellano sobre la no renovación de trabajadores eventuales, que este último cifró en 400 sobre un total de 1.800 trabajadores de Veiasa, esgrimió la existencia de un informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía, que exigía el reintegro de 14 millones correspondientes a un convenio firmado por Veiasa con la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA).
Bravo sostuvo que "una vez más, la gestión ineficaz y fuera de procedimiento, fuera de procedimiento, del Gobierno socialista crea un problema que perjudica a Veiasa, perjudica a sus trabajadores, perjudica a CTA, y se le exigen muchos años después los 14 millones de euros".
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