La Junta investigará la Faffe, que gastaba en puticlubs y enchufaba a familia y amigos de cargos del PSOE

PP y Cs aprueban solicitar al Parlamento la creación de una comisión de investigación sobre la extinta fundación pública ligada al empleo, que movilizó 300 millones en subvenciones, de las que hay casi un 20% sin justificar

Moreno Bonilla, a las puertas del antiguo prostíbulo Don Angelo, en Sevilla, en la pasada campaña de las autonómicas. FOTO: PP andaluz.
Moreno Bonilla, a las puertas del antiguo prostíbulo Don Angelo, en Sevilla, en la pasada campaña de las autonómicas. FOTO: PP andaluz.
PP y Cs, en el segundo Consejo de Gobierno que presiden desde que han tomado las riendas de la Junta de Andalucía, han decidido solicitar al Parlamento la creación de una Comisión de Investigación de la Faffe, la Fundación Andaluza de Formación y Empleo. Una decisión que forma parte de la labor emprendida para “levantar alfombras” después de décadas de hegemonía socialistas en el poder autonómico y ante la “herencia envenenada”, como la ha calificado el presidente Juanma Moreno, que han recibido al asumir el Gobierno. La Faffe gestionó hasta su disolución en 2011 unos 300 millones de euros de subvenciones que iban destinadas, teóricamente, al fomento del empleo y las condiciones sociales y laborales, la promoción de los sectores productivos y la cooperación con autoridades e instituciones locales, regionales, nacionales e internacionales. Sin embargo, el agujero de la entidad pública fue un coladero de enchufados del PSOE andaluz —la Guardia Civil cuenta con un listado con 85 nombres, entre ellos la hermana del presidente de la Fundación Cajasol y amigo íntimo de Díaz, Antonio Pulido, y otros apellidos de familiares y amigos vinculados a veteranos del socialismo andaluz como Perales y Pizarro— y una máquina de desviar fondos públicos, según investigan los tribunales. 31.969 euros en doce juergas en prostíbulos de las provincias de Sevilla, Cádiz y Córdoba; otros 19.000 habrían sido gastos en peajes, unos 22.000 en restaurantes, 1.800 en hoteles y otros 4.300 en gastos sin justificar… Todo eso, con ocho tarjetas black que se usaban sin pudor ni reparo. Más de 3 millones de euros de dinero público despilfarrado en cuatro años, según el sumario abierto en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. Pero puede ser solo la punta del iceberg. Un informe de la Cámara de Cuentas señala, en paralelo, que hay más de 55 millones en subvenciones excepcionales sin justificar, según ha informado la propia Junta tras el cambio de Ejecutivo después de 36 años ininterrumpidos de gestión monocolor. Esta iniciativa corresponde al punto 14 del acuerdo de Gobierno que firmaron las dos fuerzas políticas que forman parte del Ejecutivo andaluz tras el pasado 2D.

Un "sistema paralelo" a la Consejería de Empleo

En concreto, el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, El informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Fiscalización de las subvenciones excepcionales concedidas por determinadas consejerías y agencias de la Junta de Andalucía, advierte de que este ente público acumula un total de 55.644.950,80 euros sin justificar en subvenciones excepcionales del Gobierno andaluz. Las pesquisas policiales apuntan a que la Faffe llegó a ser presuntamente un “sistema paralelo" de la Consejería de Empleo. Algunas organizaciones sindicales han venido denunciando que el ente se convirtió en un presunto entramado de contrataciones irregulares. En consecuencia, el Consejo de Gobierno ha considerado necesaria la creación de una comisión de investigación cuyo fin sea conocer, analizar y evaluar las posibles irregularidades que hayan tenido lugar en las actuaciones realizadas por la controvertida Faffe. Como ya denunció el presidente Moreno en campaña, y como sostiene la Benemérita, “lo más grave” del último atestado aportado hasta ahora a la instrucción es que en la Faffe se intentaron “maquillar” las cuentas “para ocultar” estos desvíos de dinero público. “Se maquillaron los libros contables”, agregó el presidente del PP andaluz, para explicar que en las devoluciones conocidas “no aparecen ingresos” por esos importes, mientras que la UCO ve “indicios claros de que se han falseado los apuntes contables”. Asimismo, acusó en aquel momento a la entonces presidenta Susana Díaz de “obstaculizar” la labor de la Guardia Civil en la investigación abierta. Ante el antiguo prostíbulo sevillano ‘Don Angelo’ —ahora abandonado—, Moreno comparecía para equiparar la ruina del edificio con lo que, a su juicio, “supone hoy día el PSOE andaluz: un edificio en ruinas”, mientras criticaba que el Gobierno de Díaz hubiese actuado en este tiempo “con prepotencia, soberbia e impunidad”.

Ley de creación de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción

En el mismo Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía se ha instado al consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, a iniciar las actuaciones necesarias para la aprobación de una ley de creación de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción. Esta iniciativa está recogida en el acuerdo de 90 puntos alcanzado entre las dos fuerzas políticas que forman parte del nuevo Ejecutivo andaluz.

Atendiendo a la importante demanda de la sociedad andaluza, la Junta de Andalucía entiende como prioritaria y una "urgencia democrática" la aprobación de dicha ley, destinada a prevenir, detectar y denunciar las malas prácticas, abusos de poder, casos de fraude y corrupción. El dinero público andaluz que está siendo investigado por la Justicia alcanza la cifra de casi 5.000 millones de euros (la mitad del presupuesto de la Junta para Salud en un año). Se estima que los imputados por corrupción por causas abiertas que afectan a fondos gestionados por la Administración andaluza en los últimos años alcanzan el medio millar. Los estudios sociológicos subrayan que la corrupción es uno de los problemas que más preocupan a los andaluces.

A esta oficina se le atribuirán, entre otras funciones, la posibilidad de sancionar a las personas que desempeñen altos cargos que incumplan la normativa sobre incompatibilidades o la del control de la legalidad de todas las subvenciones concedidas por la Administración y por las entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía. Otras comunidades autónomas como Galicia, Islas Baleares, Valencia o Cataluña ya cuentan con organismos contra el fraude y la corrupción.

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