El portavoz de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio del PSOE en el Parlamento de Andalucía, el malagueño Dani Pérez, ha denunciado este sábado lo que considera un bloqueo del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla a las políticas públicas de vivienda y ha advertido de la situación de emergencia que, a su juicio, atraviesa la juventud andaluza ante la escalada de los precios del alquiler.

La cifra sobre la que ha construido su diagnóstico es contundente: según el portavoz socialista, las personas jóvenes se ven obligadas a destinar el 98% de su salario únicamente al pago del arrendamiento. De ahí su conclusión de que independizarse en la comunidad se ha convertido en una "misión imposible".

1.200 millones sobre la mesa y la acusación de bloqueo

Pérez ha situado el foco en la gestión de los fondos estatales. “Frente a esta realidad, el Gobierno de España ha transferido a Andalucía 1.200 millones de euros correspondientes al Plan Estatal de Vivienda. ¿Y qué es lo que está haciendo la Junta de Andalucía? Bloquearlo”, ha reprochado el parlamentario.

El portavoz ha contrapuesto lo que describe como la inacción del Ejecutivo del Partido Popular con el compromiso del Ejecutivo central, y ha subrayado que la única vía eficaz para garantizar el acceso a un hogar es “apostar decididamente por la política de vivienda pública a través de los fondos del plan estatal”.

A ese reproche ha sumado otro dato que apunta directamente a la Consejería de Vivienda: el parlamentario andaluz ha calificado de “inadmisible” que el Gobierno de Moreno Bonilla haya acumulado 730 millones de euros del presupuesto de vivienda sin ejecutar a lo largo de los últimos cuatro ejercicios. “Eso es lo que está haciendo Moreno Bonilla”, ha sentenciado, antes de exigir al Ejecutivo andaluz “que se ponga a trabajar y que cumpla con la vivienda pública en Andalucía”.

Las tres medidas que el PP tumbó en el pleno

La denuncia socialista llega después de que el Partido Popular rechazara en el último pleno del Parlamento la Proposición No de Ley del PSOE-A para atajar la emergencia habitacional, una iniciativa en la que el Grupo Socialista planteaba tres medidas prioritarias al Consejo de Gobierno.

La primera pasaba por abandonar la confrontación institucional con el Estado: renunciar al conflicto planteado ante el Tribunal Constitucional y firmar de forma inmediata el convenio del Plan Estatal 2026-2030 para que no se pierdan fondos en Andalucía.

La segunda exigía movilizar sin demora los 136,8 millones de euros correspondientes al primer año del plan, garantizando la aportación económica que depende de la propia Junta de Andalucía, además de ejecutar íntegramente los fondos presupuestados que continúan pendientes de gasto.

La tercera instaba a aprobar en el plazo de dos meses un plan de choque urgente para incrementar la oferta de vivienda protegida en alquiler asequible para personas jóvenes de hasta 35 años, con especial atención a las provincias con mayor tensión en los precios e informando sobre el grado de ejecución de la vivienda protegida promovida por la agencia pública AVRA.

Las tres propuestas fueron rechazadas, de modo que la iniciativa no salió adelante. El debate, sin embargo, queda abierto en unos términos que el propio portavoz socialista resume en una exigencia concreta: que la Junta desbloquee los fondos y ejecute el presupuesto de vivienda que hasta ahora, según su denuncia, permanece sin gastar.