La Junta de Andalucía ha iniciado oficialmente la elaboración del Presupuesto autonómico para 2026, que podría superar los 50.000 millones de euros. Se trata de una cifra histórica, 1.500 millones (como poco) por encima de los actuales presupuestos de 2025.
Las prioridades, ha dicho la consejera de Hacienda, estarán en servicios públicos, sanidad, dependencia o educación. La también portavoz del Ejecutivo andaluz ha explicado que el proceso de redacción de las cuentas ha comenzado con la firma de la Orden de Elaboración, documento que dará forma a los últimos presupuestos de la legislatura. "Cumplimos con la obligación de llevar los presupuestos al Parlamento. No todos los gobiernos pueden decir lo mismo".
Serán los últimos presupuestos antes de la convocatoria de elecciones, siempre que no se anticipen a otoño, una opción que ha tenido el PP encima de la mesa durante meses pero que sigue siendo una incógnita. Como muy tarde, en cualquier caso, en 2026 deberá llamar a las urnas para intentar revalidar su mayoría absoluta.
De ahí la importancia del anuncio de este miércoles: serán las últimas cuentas de la legislatura y las que, al menos así lo pretenderá la Junta, permitan mantener el color azul en el poder. Y se trabaja para que sea en solitario, sin necesidad de acuerdos con Vox ni cualquier otra fuerza.
En este sentido, la consejera ha aprovechado para criticar la actitud de la oposición, a la que ha reprochado su falta de apoyo en la reivindicación de una financiación justa para Andalucía
Para España, estos presupuestos son una herramienta clave para el crecimiento y la cohesión: “Es el mejor ejemplo de que Andalucía tiene un gobierno centrado en los ciudadanos, que cumple sus obligaciones y que ofrece estabilidad política y presupuestaria, y seguridad jurídica; en definitiva, confianza”, defendió.
"Los políticos nos examinamos día a día, pero los gobiernos lo hacen todos los años en el Parlamento y en el Congreso, presentando un presupuesto. En una democracia asentada como la nuestra, ningún gobierno puede permitirse una huida hacia adelante, esquivando a las Cortes e incumpliendo su obligación constitucional más básica de llevar las cuentas generales al Parlamento".
La consejera aprovechó para recordar que Andalucía ya ha superado los 3,5 millones de afiliados a la Seguridad Social, un hito que considera indicativo de la recuperación y el dinamismo económico. El objetivo es la convergencia económica y socia con el resto del país, lo que se traduce en más empleo, más empresas y menos pobreza. “Estamos reduciendo el índice de pobreza casi cinco veces más rápido que la media nacional, y también baja más rápidamente la desigualdad”.
El retraso del Estado en los pagos pendientes
Pese a estos avances, Carolina España ha alertado sobre el impacto que tiene la infrafinanciación estructural en la autonomía financiera de Andalucía. En particular, ha denunciado que el Estado aún no ha transferido los 1.200 millones de euros correspondientes a las entregas a cuenta pendientes a 30 de abril, un dinero que podría transferirse, según ella, con la simple aprobación de un decreto.
Aunque ha asegurado que Andalucía no atraviesa problemas de tesorería, ha advertido de que el retraso del Gobierno central en solucionar esta cuestión perjudica a otras comunidades que sí están en una situación más delicada. “El Gobierno no quiere solucionar un problema que afecta no solo a Andalucía, sino a otras autonomías que necesitan ese dinero con urgencia”, ha lamentado.
Además, ha reiterado que el sistema de financiación actual, vigente desde 2009, es “obsoleto y lesivo” para los intereses andaluces. Según datos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), la comunidad deja de recibir hasta 1.522 millones de euros al año, mientras que el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) cifra el total acumulado desde 2009 en 13.411 millones.
"Hay comunidades que pueden gastar mil euros más por habitante que Andalucía", ha criticado. "Por muy bien que gestionemos, si destinamos los recursos a lo esencial, que son los servicios públicos, queda menos margen para invertir en desarrollo regional y seguir avanzando en convergencia".
