La Junta de Andalucía ha solicitado al Gobierno de España la convocatoria urgente de una Conferencia Sectorial de Vivienda para abordar el contenido y las líneas estratégicas del próximo Plan Estatal de Vivienda 2026-2029. Así lo ha manifestado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, durante su intervención en el Foro Económico organizado por El Español.
Díaz ha lamentado la falta de información proporcionada a las comunidades autónomas por parte del Gobierno central sobre un plan que, ha advertido, “entrará en vigor en apenas unos meses”. Además, ha reclamado “una financiación justa y adecuada”, así como “mayor autonomía” para que las regiones puedan destinar los fondos según sus necesidades.
“Queremos tener poder de decisión en nuestras políticas de vivienda, porque nadie conoce mejor Andalucía que los andaluces”, ha afirmado la consejera durante su discurso. Díaz ha subrayado que las competencias en materia de vivienda están transferidas a las comunidades autónomas, por lo que considera imprescindible que se escuche su voz en el diseño del plan.
“Sentar las bases de un plan útil para los andaluces”
Ante la falta de detalles concretos, Díaz ha señalado que la Conferencia Sectorial de Vivienda es el marco adecuado para debatir los elementos clave del futuro plan. “Es el foro idóneo para abordar asuntos tan capitales y, a partir de ahí, sentar las bases de un Plan Estatal de Vivienda verdaderamente útil para los andaluces, ahora que aún estamos a tiempo”, ha enfatizado.
La titular de Fomento ha advertido que este órgano de colaboración entre el Gobierno central y las autonomías “hace meses que no se convoca”, lo cual agrava la incertidumbre en torno al futuro de las políticas de vivienda.
Díaz también ha anunciado que aprovechará esa Conferencia Sectorial, si finalmente se convoca, para pedir una revisión y coordinación de los fondos europeos Next Generation, con el objetivo de dar “certidumbre a los proyectos que ya tenemos en marcha” en Andalucía.
En este punto, ha recordado que su comunidad ha cumplido todos los hitos requeridos por el Ministerio de Vivienda, desplegando “todas las líneas de subvenciones previstas para barrios, edificios y viviendas”.
La consejera ha repasado las políticas impulsadas desde 2019, entre ellas la aprobación del Plan Vive en Andalucía, el aumento del presupuesto destinado a vivienda o las ayudas a promotores para la construcción de viviendas en alquiler a precio asequible.
Cuatro veces más vivienda protegida en seis años
“Andalucía ha conseguido multiplicar por cuatro la construcción de vivienda protegida en los últimos seis años”, ha subrayado Díaz. Asimismo, ha anticipado que se dará un paso más con la futura Ley de Vivienda de Andalucía, apoyada en medidas que ya se han introducido mediante decreto ley.
Según ha explicado en una nota, este nuevo marco normativo prioriza el uso del suelo urbanizado para construir 20.000 viviendas en los próximos cinco años. En esa línea, ha llamado a los ayuntamientos, promotores y profesionales del sector a sumarse a las oportunidades que ofrece el decreto.
“Solo desde el diálogo y la cooperación podremos construir un modelo de vivienda que funcione, que impulse el desarrollo económico y que garantice el derecho a un hogar en condiciones dignas”, ha asegurado.
Mientras tanto, en otro frente institucional, el Gobierno andaluz ha manifestado su malestar por el reparto de fondos estatales para políticas de empleo, aprobado recientemente en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales celebrada en Madrid.
Andalucía denuncia infrafinanciación en empleo
La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha calificado el reparto como “insuficiente”, al considerar que no se ajusta ni al peso poblacional de Andalucía ni a sus necesidades reales en materia de desempleo.
Según Blanco, Andalucía recibirá 417,9 millones de euros, lo que representa solo el 16,2% del total asignado a las comunidades autónomas, excluyendo País Vasco, Ceuta y Melilla. Esta cifra es inferior al peso demográfico andaluz, que ronda el 18% del total nacional.
La comunidad vuelve a ser, un año más, la región que menos fondos estatales recibe por desempleado. Con los últimos datos de paro registrados en abril, Andalucía contará con 675,1 euros por cada uno de sus 619.103 parados, muy por debajo de los 1.023,5 euros de media nacional.
En contraste, comunidades como Baleares disponen de 2.348,9 euros por desempleado, mientras que Cataluña, con una cifra total similar a la andaluza (414,2 millones), cuenta con casi la mitad de parados, lo que eleva su media a 1.271,6 euros por persona desempleada.
Blanco ha insistido en la necesidad de revisar los criterios de reparto de estos fondos para que respondan a las necesidades reales de cada territorio y permitan una acción eficaz contra el desempleo.
La consejera también ha denunciado la falta de respuesta del Ejecutivo central a la petición de incrementar la dotación de los planes extraordinarios de empleo, que entre 2021 y 2024 apenas asignaron 50 millones a Andalucía, lo que equivale a 80,8 euros por parado.
Piden mayor transparencia y planificación
En comparación, otras regiones como Extremadura recibieron 15 millones de euros, lo que se traduce en 212,3 euros por desempleado, y Canarias, con 45 millones, dispone de 291 euros por persona desempleada.
Andalucía ha reclamado también al Gobierno de España acceso a la información pormenorizada que justifica el reparto de fondos, así como los niveles de cumplimiento de los objetivos por parte de otras comunidades, un dato esencial para comprender cómo se asignan las partidas.
Otra demanda clave ha sido la necesidad de que el Gobierno central informe a finales de cada año sobre los objetivos del ejercicio siguiente, lo que permitiría una planificación eficaz desde enero.
Además, desde el Ejecutivo andaluz se critica la congelación de partidas como consecuencia de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, que deja sin ajustes las cantidades para el actual ejercicio 2025.
Por último, Blanco ha recordado que el Gobierno de España prometió un reparto adicional de 110 millones de euros para compensar el alza del salario mínimo en los Centros Especiales de Empleo, pero las comunidades no han recibido más noticias al respecto.