Hace poco más de un año, Juanma Moreno sorprendía a todos con un anuncio que provocaría un terremoto en la política española: la supresión del Impuesto de Patrimonio en Andalucía. De esta forma, Andalucía daba un paso que hasta el momento sólo había dado la Comunidad de Madrid, un territorio con unas características muy concretas debido al grado de instituciones y grandes empresas que alberga.
Este martes estaba incluido en el orden del día en el Pleno del Tribunal Constitucional la resolución del recurso de anticonsticuionalidad que la Junta de Andalucía interpuso contra el impuesto a las grandes fortunas puesto en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez. Aún no se sabe la resolución, pero la Junta ha reconocido que ya estudia la posibilidad de recuperar el Impuesto de Patrimonio si el Constitucional lo desestima.
Es cierto que Juanma Moreno lo llevaba en su programa electoral. Sin embargo, sorprendió que fuera el primer gran anuncio de la legislatura. La medida beneficiaba al 0,2% de la población andaluza. La más rica. Por su parte, las arcas autonómicas dejarían de ingresar alrededor de 90 millones de euros. Un año después, la Consejería de Hacienda defiende que gracias a esta iniciativa, la Junta ha ingresado seis veces más por IRPF.
El Gobierno de España no tardó en reaccionar a una medida que realmente era revolucionaria en la fiscalidad andaluza. No tanto por la recaudación, sino por el mensaje que enviaba sobre la acción de Gobierno. El Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero diseñó de forma prácticamente inmediata un impuesto a las grandes fortunas para sustituir al de Patrimonio en aquellas comunidades que optasen por su supresión. El movimiento de Andalucía parecía que se encaminaba a contagiar a otras del PP.
Tanto Madrid como la propia Andalucía vieron atacada su autonomía fiscal con el nuevo impuesto puesto en marcha por el Gobierno porque, además, tenía una cuestión bastante curiosa: las comunidades que mantuviesen el Impuesto de Patrimonio cobrarían ese dinero mientras que en aquellas donde se hubiera suprimido se cobraría el impuesto a las grandes fortunas, pero, sin embargo, lo ingresado iría a las arcas del Estado.
La situación provocó recursos al Tribunal Constitucional por parte de la Comunidad de Madrid y de la Junta. El de Madrid fue desestimado hace unas semanas, sin embargo, el Gobierno andaluz mantiene la esperanza de que el destino del suyo sea distinto al plantearse en otros términos. Tras el varapalo, Ayuso anunció una ley para recuperar este impuesto y evitar que lo cobre el Estado.
Andalucía va por el mismo camino. El portavoz Ramón Fernández-Pacheco no ha querido verbalizarlo claramente, pero ha reconocido que el Gabinete Jurídico de la Junta "está trabajando en todas las opciones, y una vez que conozcamos el fallo del Tribunal Constitucional actuaremos siempre en interés de Andalucía y de los andaluces". Una vez conocido el fallo, el Gobierno andaluz tomará una decisión.
No obstante, Fernández-Pacheco ha subrayado que por parte de la Junta siguen considerando que el impuesto a las grandes fortunas es "injusto" y que, además, el Gobierno de España lo sacó "a colación de la rebaja fiscal anunciada por Juanma Moreno", que implicaba la supresión, en la práctica, del impuesto sobre el Patrimonio en Andalucía, y "así no se debe legislar".
Presión desde el PSOE-A
Por su parte, el PSOE andaluz ha aprovechado el contexto para achuchar al Gobierno de Moreno. Mario Jiménez ha solicitado a la Junta que "no tarde ni un minuto en llevar al Parlamento una ley que recupere un impuesto que le ha ahorrado a los más ricos de esta tierra 107 millones de euros", en caso de que el TC desestie el recurso.
"Sería un acto de justicia poética y social que esos 107 millones de euros del impuesto de las grandes fortunas que regaló de manera indecente el gobierno de la derecha a los más ricos de esta tierra para que dejaran de contribuir con sus impuestos sirvan, ya que vienen de financiar el patrimonio especialmente inmobiliario de las grandes fortunas andaluzas, para financiar, entre otras cosas, el que los jóvenes andaluces pudieran acceder a una vivienda en Andalucía", ha sentenciado.
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