La Junta de Andalucía va a llevar al Parlamento una nueva Ley de Patrimonio, un texto que debería estar en marcha antes de acabar la legislatura y que actualiza, después de casi 40 años, la normativa de los bienes públicos de la comunidad. La Junta tiene más de 400.000 bienes, de los que el 95% son solares y edificios. La actual legislación databa de 1986, y desde entonces se han aprobado distintas normas estatales y autonómicas que afectaban al régimen patrimonial, generando un marco complejo y fragmentado. Con la nueva ley, se busca unificar, modernizar y garantizar una gestión más eficaz, transparente y sostenible de un patrimonio que, según la consejera de Economía, Carolina España, es “uno de los más grandes del país”.
Entre sus principales objetivos destacan simplificar trámites, eliminar duplicidades y asegurar un modelo sostenible en el uso de bienes públicos. Porque a la llegada del actual Gobierno, había muchísimos inmuebles que "no estaban inventariados" y que han "costado un dineral" en mantenimiento. Para ello, se introduce una definición más amplia del patrimonio autonómico, que incluye no solo los bienes y derechos de la Junta, sino también los de sus agencias.
Varios puntos
Una de las grandes novedades es la Plataforma digital de Publicidad Patrimonial, que ofrecerá un inventario completo y actualizado de todos los inmuebles de la Junta y sus organismos dependientes. Esta herramienta, integrada en el portal web oficial, permitirá a los ciudadanos consultar subastas, aprovechamientos y demás usos posibles de los bienes públicos.
La ley también incorpora la figura de los proyectos públicos de aprovechamiento y explotación, mediante la cual ayuntamientos u otras administraciones podrán solicitar a la Junta la puesta en uso de inmuebles abandonados. De esta manera, edificios vacíos podrán convertirse en recursos útiles para los municipios.
En los últimos años, la Junta ha logrado ingresar 137 millones de euros gracias a la venta de inmuebles no útiles, la mayoría por subasta. Y se han recuperado 70 propiedades de la llamada Operación Holmes, lo que ha supuesto un ahorro de más de 35 millones de euros anuales en alquileres.
Otro de los aspectos llamativos es la apuesta por la economía circular. La norma establece un régimen jurídico para prolongar la vida útil de los bienes muebles, priorizando la reutilización y el reciclaje. Vehículos a punto de quedar obsoletos, por ejemplo, podrán destinarse a centros de Formación Profesional para prácticas de estudiantes.
Con esta ley, el Gobierno andaluz pretende no solo ordenar un extenso patrimonio que en anteriores legislaturas carecía incluso de inventario actualizado, sino también reducir gasto superfluo, mejorar la gestión de edificios administrativos y reforzar la transparencia mediante procedimientos abiertos y digitales.
Por primera vez, además, se regula un régimen de infracciones y sanciones contra los ataques al patrimonio autonómico, consolidando una norma que, según la Junta, marcará un antes y un después en la administración de los bienes públicos de Andalucía.