El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía sacará adelante este martes el anteproyecto de la Ley de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante, que tendrá así el visto bueno del Ejecutivo para que sea votado en el Parlamento de Andalucía. Este texto tiene varias consecuencias. La primera es la creación de la Oficina Antifraude, que estará dirigida por un funcionario que cuente con el voto de tres quintos del Parlamento, en busca de un consenso. Los denunciantes podrán pedir hacerlo anónimamente. Y modifica la Ley de Incompatibilidades, impidiendo que los altos cargos de la Junta ejerzan mientras son encausados judicialmente -no así para sanciones administrativas-.
El documento, que puede ser enmendado, lo que hace es organizar las potestades que ya tiene la Junta para la inspección, siendo su ámbito de actuación tanto la de funcionarios públicos como personal dependientes de entidades de la Junta. Todos los órganos menos el Parlamento, por depender de éste y desbordar en sí mismo la actuación de la administración pública, toda vez que es un órgano democrática y su inspección ante posibles fraudes tiene un componente constitucional mayor, como es en sí mismo el hecho de que los parlamentarios estén aforados y respondan directamente ante el TSJA y no ante juzgados ordinarios.
El Anteproyecto indica un deber de colaboración de todas las administraciones, e impide incluso que los denunciantes (trabajadores públicos) sean reprendidos por sus denuncias. Podrán pedir incluso un traslado si sienten que les están castigando por tirar de la manta, aunque en teoría existe una confidencialidad para que no se sepa bien quién o cómo se instruye la investigación.
Sí existe una cuestión que podría ser objeto de enmienda en el Parlamento, y es que esta Ley obligaría a los empleados públicos de la Junta a comunicar a la Junta cualquier denuncia. Es decir, si bien por un lado eso impide que un trabajador acabe haciendo la vista gorda -con las consecuencias que se derivarían de no denunciar si presencia una irregularidad-, por otro, la fórmula empleada de "deberán comunicar a la Oficina" implica también que sería irregular desde un punto de vista administrativo que un empleado fuera directamente a la Fiscalía.
Si bien es cierto que el texto legal señala que no debe haber colisión entre actuaciones entre Fiscalía y Administración. Es un principio legal que la iniciativa de investigación, cuando pueda ser objeto de sanción administrativa o de condena por vía penal, tenga más preponderancia la segunda. Pero, como reza el texto, no exime al empleado público de denunciar ante la Oficina: "La interposición de una denuncia ante la Oficina no impide que la persona denunciante pueda interponer otra denuncia ante cualquier otro organismo que resultara competente".
Lo que dice es que está permitido que vaya también a la Fiscalía. ¿Qué pasa si, ante la gravedad de los hechos, un trabajador público decide ir directamente a denunciar el asunto a los juzgados? Es una cuestión a resolver o aclarar para que los empleados públicos autonómicos, a los que se dirige esta normal, sepan qué hacer ante irregularidades que sobrepasen lo que pueda suponer simplemente una sanción administrativa -por ejemplo, devolución de una subvención en determinadas circunstancias-. De hecho, tan es así que el funcionamiento de la propia Oficina contempla "suspender dichas actuaciones" si de ello se extrae que el asunto no es una sanción administrativa sino un posible delito. Pero no deja la puerta abierta a que esa decisión la tome el propio empleado si desconfía de la neutralidad del organismo y teme represalias, algo que ha ocurrido en casos de muchos denunciantes de graves tramas de corrupción.
Asimismo, la citada Ley considera como infracción muy grave el hecho de que un denunciante-empleado de la Junta presente denuncia ante la Oficina "que contengan información falsa, tergiversada u obtenida de manera ilícita cuando se aprecie dolo [intención de dañar] y cuando derive en un perjuicio muy grave para la persona denunciada". Por lo tanto, una filtración, aunque fuera de un contenido cierto, podría conllevar "la sanción de multa de 30.001 a 100.000 euros". Este tipo de cuestiones en el derecho administrativo no son inhabituales, porque como salvavidas siempre puede llegar la actuación penal de los tribunales, pero no parece un incentivo a tirar de la manta en el día a día de los denunciantes, que deberán tenerlo muy claro para iniciar un procedimiento.
La 'oportuna' Oficina Antifraude
La creación de este organismo forma parte del pacto de Gobierno de PP y Cs, y ha venido impulsada directamente por el vicepresidente, Juan Marín, en calidad de consejero de Regeneración. "La corrupción es una espina clavada en el corazón de los andaluces durante muchísimos años", decía el pasado mes de octubre. La Ley pretendía estar en el Parlamento en diciembre, pero lo cierto es que se ha ido atrasando y aún no ha salido de los despachos de la Junta para comenzar el procedimiento de aprobación en sede legislativa.
Ya en otoño 2019, hace casi año y medio en el primer curso político de la Junta actual, se hablaba de priorizar esta norma. Pandemia mediante, ha ido retrasando al no estar en el puesto número uno de prioridades de 2020, pero ha ido cumpliendo pasos como los informes previos a llegar al Parlamento. Lo que sí resulta cuanto menos curioso por ser tan casual es que el Consejo de Gobierno de la Junta -como el Consejo de Ministros en Andalucía- le dé OK justo cuando comienza el juicio de la caja B del PP, con Luis Bárcenas amenazando en las últimas semanas con tirar de la manta. Un asunto que salpica al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, por aparecer en los famosos papeles de Bárcenas como uno de los presuntos beneficiarios de sobresueldos. Una oportunidad política de tratar de distanciarse de aquel PP que, según Pablo Casado, ya no existe. En el trasfondo, esta norma es políticamente también la intención de alejarse el actual ejecutivo del escándalo de los ERE del PSOE.
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