La Junta ofrece ahora un 'rescate' a los ayuntamientos andaluces

El Ejecutivo de PP y Cs aprueba un decreto ley que permitirá a las administraciones locales aplazar sus deudas para acceder a fondos europeos. La medida llega después de tres meses con Juan Espadas intentando enarbolar la bandera del municipalismo de cara a las próximas autonómicas

Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta, este pasado martes.
Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta, este pasado martes.

El Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado un decreto ley para permitir a los ayuntamientos de la comunidad que puedan aplazar y fraccionar sus deudas para poder acceder a los fondos Next Generation de la Unión Europea. Juan Marín lo ha definido como “una apuesta por los ayuntamientos y el municipalismo en búsqueda de la colaboración y la lealtad institucional”. La Junta explica que las deudas de muchas corporaciones locales les impiden hacer frente a obligaciones tributarias y ello conlleva la imposibilidad de acceder a estos fondos.

Esto es la superficie, detrás hay una pugna con el PSOE-A y, sobre todo, con Juan Espadas por liderar la bandera del municipalismo, tras las fuertes críticas de alcaldes y alcaldesas ante el abandono y la falta de interlocución a las que les tiene sometido el Ejecutivo de Moreno Bonilla. Espadas se presentó y ganó las primarias del Partido Socialista solicitando un mayor protagonismo de los ayuntamientos en la política andaluza y, principalmente, en la gestión de los fondos europeos. De hecho, Ángeles Férriz, portavoz actual del grupo parlamentario socialista, se estrenó en sesión de control al Gobierno con una pregunta sobre las ayudas de la Junta a los ayuntamientos durante la pandemia.

El primer encuentro de Espadas con Juan Manuel Moreno tras la victoria en las primarias socialistas también se presentó desde el PSOE-A en términos de abordar el impulso del municipalismo con la gestión conjunta de los fondos europeos de recuperación. Moreno Bonilla contestó que él encantado porque “soy claramente municipalista”.

La posición de alcalde de Sevilla y el dominio socialista en la mayoría de consistorios andaluces, facilitaba la oposición al Gobierno autonómico bajo la premisa de que los ayuntamientos habían sido los que habían combatido la pandemia en primera línea. Casi tres meses después de las primarias y de la primera reunión con el presidente de la Junta, cuando Espadas ya no es tanta novedad y el curso político recién empieza, ha sido el Gobierno andaluz el que se ha envuelto en la bandera del municipalismo para neutralizar uno de los pocos ejes discursivos de los que dispone actualmente el PSOE de Andalucía.

En concreto, el decreto ley modifica la ley que regula la participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma de Andalucía, conocida coloquialmente como Patrica para permitir aplazar los pagos que deban las corporaciones locales durante dos años y, posteriormente, fraccionarlos durante los 15 años siguientes. El plazo para el pago fraccionado se determinará dividiendo la deuda entre el 25% del importe anual de la Patrica. Por su parte, el importe aplazable no podrá superar la Patrica de cada entidad local determinada en el presupuesto vigente multiplicada por 15. La Junta afirma que esto se lleva a cabo para que “los ciudadanos, vivan donde vivan, no se vean perjudicados por la situación financiera de los municipios”.

Por otro lado, la Junta también ha modificado la Ley General de Hacienda Pública para que, además de las corporaciones locales, tanto personas físicas como jurídicas con deudas aplazadas tengan la posibilidad de recibir subvenciones. De la misma forma, y en base a esta modificación, también se permitirá a entidades públicas y privadas aplazar o fraccionar reintegros que deban hacer a la Junta de Andalucía por mandato judicial o resolución administrativa.

En todos los casos, la Junta de Andalucía se guardará las espaldas para asegurar el cobro de las cantidades adeudadas. En lo referente a la Patrica, en caso de impago se procederá a la compensación con los abonos correspondientes a la participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad hasta un límite del 50%. Por su parte, para aplazar los reintegros por resolución administrativa o judicial firme, los actores implicados deberán presentar un compromiso de aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o de certificado de seguro de caución.

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