La Junta presenta su plan de vivienda y culpa a Espadas de la deuda de la consejería

La consejera de Vivienda, Marifrán Carazo, ha sido muy dura con la nueva ley estatal a pesar de “desconocer” el texto y ha hecho pública la deuda con particulares, intermediarios y entidades financieras debido a la gestión socialista

La consejera responsable de Vivienda, Marifrán Carazo, este martes en rueda de prensa.
La consejera responsable de Vivienda, Marifrán Carazo, este martes en rueda de prensa.

Ante el revuelo provocado por la Ley de Vivienda estatal en las últimas semanas, la Junta de Andalucía, de mano de la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha presentado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno algunos datos sobre la política de vivienda que está siguiendo el Gobierno de Partido Popular y Ciudadanos en la legislatura.

Y lo ha hecho con críticas tanto al Gobierno central como a los anteriores gobiernos socialistas de Andalucía. En primer lugar, Carazo ha denunciado que la ley – el borrador, hasta el momento – se haya realizado sin consensuarlo con las comunidades autónomas, que son las administraciones que poseen las competencias exclusivas en materia de vivienda. En este sentido, la consejera ha lamentado que no se haya producido una reunión sectorial para la elaboración del texto.

Desde la Junta defienden que la política de vivienda no puede ser “materia de disputa interna como en el Gobierno de España” o “moneda de cambio” en referencia a la aprobación de los presupuestos estatales. Aunque Marifrán Carazo ha reconocido que “desconocemos el texto”, no ha dudado en asegurar que es una ley “intervencionista” que “crea inseguridad jurídica”. Siguiendo el discurso del Gobierno en comparecencias anteriores, la consejera ha insistido en que es un modelo “que ha fracasado” en otros países. El Ejecutivo mantiene que “vulnera” el derecho de los propietarios.

Sobre la situación de la consejería, Carazo ha confirmado la información de ABC sobre la reclamación realizada por Caixabank a la Junta de Andalucía por impagos de 4 millones de euros en la legislatura 2008-2012. Resulta que el consejero de vivienda en esa legislatura era Juan Espadas, actual secretario general del PSOE-A, candidato a la Junta de Andalucía y encargado de negociar los próximos presupuestos andaluces con el Gobierno de Moreno Bonilla.  La consejera ha señalado al PSOE por “no pagar las ayudas a los promotores”.

La posición actual de Espadas en las negociaciones no ha sido impedimento para que la actual consejera haya criticado duramente su gestión. Carazo ha acusado al alcalde de Sevilla de endeudar en 280 millones a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) entre los años 2010 y 2011 “por una decisión política”. La decisión política a la que se refiere la consejera es la de la de suspender en 2010 unas ayudas convocadas en 2008. Esto, según la Junta, ha provocado deudas y las reclamaciones de particulares, intermediarios y entidades financieras, como es el caso de la Caixa, sobre la que Carazo ha afirmado que “haremos frente a la misma si nos lo indica el juzgado”. En total, según los datos de la consejería, se han abonado 180 de los 280.

Entre las denuncias a los socialistas por apenas haber construido viviendas públicas en las legislaturas anteriores, Marifrán Carazo ha indicado que en la actual legislatura se ha impulsado desde la consejería la construcción de 4.000 viviendas protegidas. En total son 87 promociones en toda Andalucía con el fin de ofrecer alquileres asequibles de entre 200 y 400 euros para “jóvenes y familias vulnerables”. 20 de estas promociones están anunciadas para que se inicien en los próximos días.

La consejera ha planteado esto como “un modelo opuesto” al anunciado por el Gobierno de España aunque, a su vez, se ha congratulado de ser la comunidad que más acuerdos ha firmado con el Gobierno central en materia de vivienda, 1.700 por los 683 de Cataluña y los 167 de Madrid.

De la misma forma, la Junta ha vuelto a insistir con la “colaboración público-privada”, una forma de actuar que no es nueva, se viene dando durante toda la legislatura y la Junta ha hecho bandera de sus políticas. Esta vez la referencia iba en relación a los promotores de viviendas “trabajamos de la mano de ayuntamientos, diputaciones, empresas publicas y empresas privadas”, ha manifestado Carazo.

Sobre el autor:

Emilio Cabrera

Periodista.

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