La jueza del juzgado de primera instancia e instrucción número dos de Barbate ha emitido un auto en el que ve posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en seis miembros del gobierno municipal de Vejer durante los años 2013 y 2014, pertenecientes al PP, y otro ex alcalde del municipio, del PSOE.
El auto apunta directamente al alcalde en aquel momento, José Ortiz Galván, presidente del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz en la actualidad; Antonio Jesús Verdú, alcalde socialista entre 1995 y 2011; Manuel Flor Lara, alcalde entre 2019 y 2023; Vicenta Morillo, concejal de educación en la etapa que se investiga; Manuel Basallote Esparragosa, concejal de Mantenimiento Urbano y Alumbrado Público en el periodo mencionado; Miguel Ángel Peña, concejal de Núcleos Urbanos; y Daniel Sánchez Román, concejal de empleo en aquel momento y actual delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz.
El siguiente paso tras las diligencias realizadas por la jueza de instrucción es la apertura de juicio oral. La magistrada María Fernández Nimo inició el procedimiento tras un atestado realizado por el Equipo de Delincuencia Urbanística de la Guardia Civil por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
En el auto al que ha tenido acceso lavozdelsur.es se desgranan hasta ocho actuaciones del gobierno municipal de Vejer en los años 2013 y 2014 que podrían ser irregulares. En siete de ellas se menciona de forma directa la participación de José Ortiz, alcalde en aquel momento del municipio gaditano.
El caso también salpica a la estructura de la Junta de Andalucía ya que la magistrada implica a Daniel Sánchez Román, delegado de Empleo en la provincia de Cádiz. El auto emitido señala que Sánchez, junto a Vicenta Morillo, "a sabiendas de su ilegalidad, habría subvencionado a la empresa KH Formación Los Yébenes para la impartición de clases de inglés, careciendo de competencias para ello y prescindiendo del procedimiento legalmente establecido".
Esta situación se repite, aunque protagonizada por diferentes ediles, en la concesión de contratos o subvenciones de transporte, de mantenimiento o de alumbrado público. También se investiga la concesión de una subvención, en la que participan el popular José Ortiz y el socialista Antonio Jesús Verdú, a la Asociación de Informadores Turísticos en la que se utilizó "a sabiendas de su injusticia, un Convenio de Colaboración y Cooperación para encubrir un contrato de prestación de servicios públicos, destinando fondos públicos para conceder subvenciones para actividades no previstas en la ley".
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