La defensa de Juan Carlos I argumenta ante el Tribunal Superior de Londres que el emérito tiene derecho a la inmunidad frente a las cortes inglesas y que, por lo tanto, la corte no tiene jurisdicción sobre la demanda por presunto acoso presentada por Corinna zu Sayn-Wittgenstein contra él.
De acuerdo con el argumento de la defensa, el emérito tiene inmunidad en virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y de la Ley británica sobre Inmunidad, que hace referencia a la inmunidad de extranjeros. La corte número 13 de la Queen's Bench Division del Tribunal Superior empezó a examinar este lunes el caso presentado por Corinna. La examante del rey emérito le denunció a él y al CNI por "acoso", y les acusa de ponerla bajo "vigilancia ilegal" en el Reino Unido.
Según ha adelantado El Confidencial y Niusdiario, el equipo de abogados también menciona que su inmunidad se extiende más allá, según la ley inglesa, porque Juan Carlos I sigue siendo parte del Estado español y una ley en vigor en el Reino Unido (la Ley de Inmunidad Estatal) contempla desde 1978 que Reino Unido no puede juzgar a terceros Estados.
"Dado el estatus único de los miembros soberanos y superiores de la Familia Real en una monarquía como la del Reino Unido (y la de España), no puede haber duda de que Su Majestad presuntamente se inscribe en el marco legal de 'el Estado'", dice el recurso de los abogados. En este sentido, la defensa recuerda a la Corte inglesa que el rey emérito solo puede ser juzgado por el Tribunal Supremo español al considerarse un jefe de Estado.
La información continúa explicando que Juan Carlos I entiende "que la exoneración de la Fiscalía obliga a la Casa del Rey y a la Moncloa a franquearle el regreso" y que el emérito quiere alojarse en el Palacio de la Zarzuela y mantener el estatus de que disfrutaba en 2019, antes de que su hijo, Felipe VI, le retirase la la asignación presupuestaria con cargo a la partida correspondiente de los Presupuestos Generales del Estado por un importe de 161.034 euros.