La Junta de Andalucía, en plena pandemia, contrató por los llamados procedimientos exprés —por orden de llegada, sin más currículo que enviar un mail— a miles de empleados públicos. Estas contrataciones fueron tumbadas por la vía contencioso-administrativa, pero en paralelo se pusieron en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción, que decidió instruir diligencias y justo ahora ha obtenido un año más de plazo para continuar con la investigación de estos hechos que atañen al actual Gobierno de Juanma Moreno.
El portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha expresado este pasado martes la "tranquilidad absoluta" de la Junta sobre una investigación de contratos exprés durante la pandemia y ha trasladado la colaboración con la justicia. El también consejero de Sostenibilidad ha indicado que, "al parecer, se están investigando contratos y no a nadie por lo penal".
En este punto, ha apuntado que la investigación está "paralizada" y el PSOE saca ahora el asunto en periodo electoral con el objetivo "de embarrar el escenario y que no se hable de otros dirigentes que están a punto de entrar en prisión —por José Antonio Griñán, ex presidente de la Junta—". Fernández-Pacheco se ha pronunciado así después de que el PSOE haya dicho que sería "gravísimo" si se confirma que la Fiscalía Anticorrupción está investigando al número tres del PP, Elías Bendodo, por la adjudicación de contratos exprés durante la pandemia en la Junta de Andalucía.
El portavoz ha insistido en trasladar la "tranquilidad absoluta" de la Junta y su disposición a colaborar con la justicia. De julio a octubre del pasado 2020 la Junta realizó al menos 48 convocatorias de apenas 24 horas (por ello lo de los contratos exprés) que no solo excluían a embarazadas o enfermos crónicos, sino que se cubrían con un único criterio: la rapidez en enviar un mail. Un procedimiento, pese a lo extraordinario del momento, difícilmente justificable en una administración pública y, a todas luces, llevado a cabo a sabiendas de que no hay forma de respetar los principios de igualdad, mérito, capacidad y libre concurrencia.
En los tribunales ya se mantuvo que el sistema podía no ser ajustado a derecho, pero no delictivo, pese a que sindicatos como CGT y Mareas Blancas lo llevaron a Anticorrupción —un total de 4.000 "enchufes", denunciaron en su momento—. Este miércoles la portavoz socialista Ángeles Férriz ha recordado que en abril del año pasadao ya fue el PSOE-A el que puso los hechos en conocimiento de Fiscalía, y el Ministerio Público "ha abierto diligencias", según ha remarcado.
Férriz ha criticado que, "en plena campaña de Covid", el Gobierno andaluz ofertara "una serie de contratos" en los que no se tenían en cuenta los principios de "igualdad, concurrencia y capacidad", de forma que básicamente quienes eran contratados eran "los más rápidos en enviar un correo electrónico". De igual modo, ha apuntado que el entonces consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, es ahora "el número tres" de la dirección nacional del PP como coordinador general, por lo que el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, "algo tendrá que decir" sobre ese "modelo de contratación".
El propio Bendodo ya calificó tras la denuncia por vía penal que esta actuación formaba parte de la "guerra sucia", y en el Parlamento PP, Vox y Cs bloquearon la apertura de una comisión de investigación, algo que este mismo miércoles ha vuelto a reclamar Adelante, que asegura que abandonará la de la Faffe si no se constituye una que aborde el caso de los contratos laborales exprés en la Administración autonómica.
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