Corre el año 2020. Hace menos de seis meses ha habido elecciones. Hace alrededor de dos años se produjo un relevo en el Gobierno español, el enésimo en la democracia, que se va alternando entre fuerzas de la izquierda y la derecha. Sin embargo, una epidemia, provocada probablemente por el salto de un coronavirus de un animal a humanos por razones aún no bien claras, está provocando que se ponga en cuestión diariamente la legitimidad del Gobierno, mientras éste indica que quizás le quieren echar por la fuerza no emanada de las urnas.
Mientras se elabora este reportaje, Pablo Iglesias, vicepresidente, dice que quizás Vox quiere dar un golpe de estado, pero "no se atreven". Vox se indigna. La hemeroteca habla de algunas declaraciones de sus líderes que alientan algún tipo de intervención contra Pedro Sánchez. La más clara la hizo el eurodiputado Hermann Tertsch en la investidura de enero. Varios líderes han hablado de intervenciones del rey, mientras llaman al presidente "asesino" e "ilegítimo" por sus pactos con fuerzas nacionalistas. A eso se suman estudios electorales que hablan de éxito en las mesas en las que votan principalmente agentes de la Guardia Civil o militares (se puede saber por vivir más agrupados en cercanías de bases o casas cuartel, pero es sobre todo más claro en el segundo caso). Pero, ¿qué hay de posible en una revuelta? Preguntados los agentes, algunos anónimamente, o en calidad de representantes sindicales o asociativos, "nada".
Hay cabreo en Policía Nacional y Guardia Civil. Pero no solamente hacia el Gobierno, sino también hacia el PP. Los agentes consultados hablan de sentirse defraudados porque todos prometieron, pero nadie cumplió con la equiparación salarial y de derechos de tipo laboral que estaban reivindicando. En los últimos años, esta reivindicación ha crecido enormemente y está en el centro de las preocupaciones.
O al menos eso muestra el hecho que Jusapol y Jucil hayan crecido como sindicato y asociación de Policía y Guardia Civil, desplazando a otros colectivos en la representación de los agentes que llevaban décadas mandando. En los últimos días de la antigua normalidad, agentes rodearon incluso el Congreso para reclamar una equiparación que ha tenido dos actualizaciones: la primera, que el ministro del Interior ha anunciado un aumento de sueldo con carácter retroactivo a uno de enero en plena crisis de confianza hacia altos cargos de Guardia Civil esta misma semana, una subida que se pactó primero y se incumplió después; la otra, que la Generalitat ha aumentado el salario de los Mossos. "No es una equiparación, nos han subido menos, y no es solo el salario, son otros derechos como la segunda actividad o la edad de jubilación". La subida generalizada se calcula entre unos 60 y unos 90 euros, señalan los agentes. Para los Mossos será seis veces estas cifras.
A ese enfado histórico se suma la falta de equipos de protección desde el principio de la pandemia, una falta que han sufrido también otros empleados que estaban, como ellos, en primera línea, como sanitarios, sociosanitarios, transportistas, etc. El problema lo agarva "que Marlaska dice que no nos ha faltado de nada, eso es mentira". Otro habla de la tensión era palpable entonces. “Todos tenemos familia y el miedo de poder llevar el virus a casa, era el causante de numerosas tensiones. Hemos utilizado desde mascarillas de tela donadas por Hermandades, guantes de vinilo que han llevado particulares, etc.”. Además, ni siquiera, inciden, se les aclaró cómo actuar ante denuncias, con tres normativas para el confinamiento y sin explicar su funcionamiento. Un agente es más claro: "Más de la mitad de los equipos de protección los han donado empresas. En nuestro caso, por ejemplo, las mascarillas de Acoje, los comerciantes de Jerez. Eso ha sido digno de admirar", dice Rafael Sánchez, secretario de Jucil en Cádiz.
Sánchez explica que la investigación que ha acabado en ceses y dimisiones en la cúpula de la Benemérita ha sentado muy mal. “El mismo día que echan al tercer cargo, anuncian que nos pagan el tercer tramo, cuando antes de la alarma dijo que no había presupuesto. Nos quieren comprar, pero no lo van a conseguir. Son cuatro migajas, pero somos un cuerpo con honor. Creo incluso que nos han intentado poner al pueblo en contra con esa subida, porque nos lo suben 80 o 90 euros mientras la gente pasa hambre. Han encrispado con eso. No nos conformamos, la diferencia salarial es mayor y se deja fuera a la gente en reserva, la segunda actividad, las viudas, los huérfanos… No solucionan nada”.
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Otro agente lo ve también claro, esta vez en Policía: “Creo que pocas cosas son por casualidad, habrán intentado desviar críticas con el tercer tramo que podrían aprobar en un mes o dos. Pero era algo ya firmado de antes. Hay más de 6.000 euros de diferencia anual con los Mossos”. La cuestión es que sienten mayoritariamente “que Vox nos apoya, no se queda en palabras. Yo soy liberal, nos han decepcionado muchos años los que estaban y atacan a todos. No soy extremista. Dicho eso, no me parece que Vox sea una extrema derecha peligrosa. Lo que sí es cierto es que la tensión del Congreso la van a trasladar a la calle, y la gestión no ha sido buena. La culpa es de los políticos”, dice otro agente de la Policía Nacional.
Con todo este enfado, ¿alguien está yendo más allá? ¿Calan mensajes como el de que el Gobierno es “ilegítimo” y “asesino”, como dice casi cada día Abascal? La respuesta es unánimemente negativa, y causa casi sorpresa en varios de ellos. “La gente está muy quemada, y como el resto de la población cada vez más radicalizada. No quiero que entiendas que esto pudiera llegar a más... Ni mucho menos.Somos profesionales y tenemos muy claro nuestro trabajo y funciones. Es a nivel personal... Como lo están los carpinteros, repartidores o cualquier otro ciudadano. De insubordinaciones, ninguna. Nadie tan metido en el tema y tan energúmeno como para incumplir la Ley”, señala un miembro del CNP.
Sánchez, de Jucil, va en esa línea. “Aunque nos parezca injusta una norma, si es legal, vamos a cumplirla. El ciudadano puede estar tranquilo, no va a haber ningún golpe de estado. Otra cosa es que algo no sea legal, porque si cumplimos una orden sabiendo que es ilegal, el problema es también para nosotros. Pero tenemos que cumplir la orden dada”. Un ejemplo es el del confinamiento. En fase 0 estaba prohibida la pesca en la orilla. Hubo sanciones y pudo parecer injusta a algún agente, en tanto no tiene contacto con nadie el pescador, por ejemplo. Pero la ley manda.
Y aclara: “un político no manda una orden directa. La da un superior”. Otra cosa es que ese cargo sea relevado. Las personas que han salido de la cúpula son “grandes profesionales intachables, y cuando se inicia una investigación, no se puede dar ese documento a nadie, ni al Gobierno. La destitución no es leal”. Pero, en cualquier caso, las batallas en Interior son una cosa, y el incumplimiento de órdenes de esos cargos “que cambian cada vez que cambia un Gobierno generalmente porque son por designación política”, señala otro agente, ya pueden ser la voz del dirigente político, pero nunca de forma directa.
Otro agente remacha: “Doy la cara por mis compañeros. Si una orden es debida, constitucional, legal, la vamos a cumplir sin duda”. Aunque el voto vaya a otro partido. Y remachan. “Hay gente de izquierdas en la Policía y la Guardia Civil”. De hecho, el ex diputado por Cádiz Juan Antonio Delgado lo ha sido desde 2015 hasta 2019 por Podemos, y ahora ostenta un cargo en la DGT. Había sido elegido por sus compañeros para ser representante de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, la AUGC. Otra cosa es, quién sabe, si en 2020 ostentaría la misma responsabilidad interna ante el barrido de los sindicatos que centraron el debate en la equiparación. Señalan todos que esas manifestaciones se pararon por responsabilidad durante el estado de alarma. Habría sido “insolidario”. Porque. “para nosotros, por delante están los ciudadanos”.