El juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha ordenado recientemente a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue los contratos de 84 personas que trabajaban en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) para aclarar presuntas irregularidades.
Según publican medios como ABC o Diario de Sevilla, Vilaplana emitió un auto el pasado 13 de enero solicitando al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que facilite información sobre estas contrataciones. En concreto, el juez pide que se aclare si se contrató a estas personas para el “desempeño de puestos directivos y de puestos de técnicos de nivel E”.
El principal interés que manifiesta Vilaplana en el auto está en que el SAE facilite “las fechas en que se produjeron las contrataciones y las fechas de inicio de prestación de los servicios”. Además, el juez instructor también pretende que se aclare si estas personas cumplían por completo sus jornadas laborales, para ello reclama un “registro del control horario”.
Por último, Vilaplana también solicita que se dilucide si las candidaturas de las personas señalas eran aptas para los puestos a los que accedieron entre los años 2006 y 2007 para determinar el “motivo” por el que fueron seleccionadas, en perjuicio del resto de candidatos.
En la lista que se investiga hay numerosos cargos socialistas o personas vinculadas a ellos. Entre estas personas, cuyos nombres entregó al juez el Sindicato Andaluz de Funcionarios en 2018, se encuentra María Luisa Pulido —hermana de Antonio Pulido, presidente de Cajasol–, sobrinos de Luis Pizarro –exsecretario de organización del PSOE-A–, familiares de Gaspar Zarrías –exconsejero de la Junta– o María del Carmen Ibanco – esposa de Juan Espadas, actual candidato del PSOE-A–.
Ibanco fue noticia recientemente por su comparecencia en la Comisión de Investigación sobre la Faffe celebrada en los últimos meses de 2021 en el Parlamento de Andalucía. En ella, Ibanco declaró que había entrado en la fundación por un “anuncio” en un periódico. PP, Ciudadanos y Vox la acusaron de haber sido contratada antes de finalizar el plazo de la presentación de candidaturas.
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