Revolución a la vista en el sistema de acceso a la Administración pública. El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha anunciado un cambio profundo en el modelo de oposiciones, especialmente enfocado en los grupos A1 y A2, los de mayor rango en la Administración General del Estado. Un cambio que llega después del debate que se suscitó en torno a si, por ejemplo, en la carrera judicial entraban solo aquellos que venían de orígenes con posibilidades económicas.
Además, en toda España, y dentro de ella en Andalucía, para otra categoría ha habido también un problema con las oposiciones docentes, iniciadas en junio. En muchas comunidades están quedando desiertas plazas. La propia consejera andaluza de Educación, María del Carmen Castillo, pidió al Gobierno central cambiar el sistema, pero ha recibido un no. Parece que el anuncio de López puede significar cambiar un sistema muy duro, que afecta a la salud mental y promociona especialmente a quien puede dedicarse en exclusiva durante años a preparar el examen.
Examen, escuela de formación y gente quedándose fuera tras dos años
La propuesta del Ministerio, presentada como parte de la estrategia ‘Consenso por una Administración Abierta’, plantea un sistema completamente distinto al actual. El acceso a las plazas de los grupos A1 y A2 se realizará a través de escuelas o institutos de formación, donde los aspirantes deberán cursar una formación posobligatoria de dos años. Para ingresar, habrá que superar un primer examen. Y al finalizar esos dos años, un segundo examen decidirá quién obtiene la plaza. Aquellos que no la consigan, recibirán un título oficial de posgrado que acreditará su paso por la escuela.
Según ha explicado la secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, se convocarán más plazas de formación que de plazas reales, lo que permitirá que solo accedan a la función pública los “mejor preparados”. Se mantendrá, eso sí, la tensión competitiva, pero con un enfoque más justo: el esfuerzo no quedará del todo en saco roto. Los grupos C1 y C2, por su parte, seguirán con el modelo actual, recibiendo la formación una vez obtenida la plaza.
Mientras los tribunales se enfrentan a posibles impugnaciones y recursos, el Gobierno trata de virar hacia un sistema más equilibrado. Un modelo que, además, se alinea con la digitalización de la Administración, la implantación de la inteligencia artificial para simplificar trámites y una nueva relación con la ciudadanía. Pero el gran cambio está aquí: opositar no será ya jugárselo todo a un examen, sino construir un recorrido formativo real, con salida, incluso si no se obtiene plaza.
En palabras del ministro López, se trata de superar el viejo modelo y ofrecer una vía de entrada cualitativa y justa al nuevo talento público. Una reforma ambiciosa, pero también muy esperada por miles de opositores que llevan años encerrados entre apuntes sin tener claro qué futuro les espera.