El rechazo del decreto ómnibus la semana pasada en el Congreso ha llevado al Gobierno a trocear su contenido en dos decretos diferenciados. Si ha sido por tacticismo o por convencimiento, tanto da, el caso es que la fórmula del 'ómnibus' ha dado paso a la presentación de dos decretos que volverán al Congreso para su convalidación por separado: de una parte el de revalorización de pensiones y, de otra, el del 'escudo social', con una leve –pero significativa– modificación en lo que se refiere al tema del alquiler y la moratoria de desahucios.
El tema de las pensiones, como estaba claro desde un principio, no tendrá ningún problema en salir adelante ahora que va en solitario. El PP ya había dicho que votaría a favor de la revalorización si el tema se desligaba de las otras cuestiones que le acompañaban en el decreto ómnibus y cabe suponer que así lo hará.
Lógicamente, el PSOE ha estado una semana culpando al PP de que no se se haya aprobado dicha subida, apelando a un colectivo vulnerable como es el de los pensionistas e intentando ganarse su favor frente a "la irresponsabilidad" de los populares, con una penetración de mensaje que no parece que haya tenido mucho éxito, pese al esfuerzo realizado por distintos líderes y en distintos ámbitos. Hay que tener en cuenta que se trata de una jugada casi calcada de la de hace un año, por lo que la opinión pública no ha terminado de comprar el mensaje socialista, sabiendo, como sabía, que el tema tenía toda la pinta de solucionarse 'a doble vuelta', aunque fuera en el descuento. Además, el próximo fin de semana se celebran elecciones en la comunidad autónoma de Aragón, con unas encuestas muy negativas para la candidata Pilar Alegría, por lo que entra dentro del cálculo político que el PSOE haya decidido no seguir estirando el chicle y optar por cerrar el tema de las pensiones para poder sumarlo unos días a la campaña...
Más complicado es todo lo que se refiere al segundo tema fundamental del decreto, el referido al escudo social y el controvertido punto del mantenimiento (o fin) de la moratoria de desahucio de los alquileres. Aquí el PP va a votar, con toda seguridad, que no. Por eso, el PSOE ya comenzó a negociar el lunes algún punto de acuerdo con el PNV, pensando no solo en los nacionalistas vascos, sino en que dicho acuerdo pudiera ser asumido por los independentistas catalanes de Junts. En ese sentido, el PSOE, haciendo malabarismos con sus socios de Sumar y con el propio PNV, consiguió un acuerdo de mínimos: que la moratoria antidesahucios desaparezca para los pequeños propietarios, entendiendo como tales a los que tienen, aparte de la vivienda para uso propio, otra vivienda en alquiler. Ese 'matiz' era una línea roja para Sumar hasta el mismo lunes, pero finalmente, a desgana, ha dado su visto bueno al preacuerdo con los nacionalistas vascos.
Sumando al PNV, al Gobierno todavía no le salen los números. A la espera de ver qué dice finalmente Junts –que lógicamente incardinará cualquier decisión en el conjunto de temas que negocia con el PSOE respecto a Cataluña–, otro foco de atención es el voto de Podemos. En realidad, la formación morada no ha dicho explícitamente que no. La actitud ha quedado clara, con Ione Belarra, haya calificado de "criminal" el acuerdo entre PSOE y PNV, sobre el que dice también supone "la desprotección de inquilinos vulnerables". Belarra también manifestó su "asco" por la protección a los caseros que da este acuerdo "en plena crisis de la vivienda"... pero no ha dicho abiertamente que Podemos vaya a votar que no.
Pues este es el panorama al que se enfrenta el PSOE en el corto plazo. Sacará en el Congreso el decreto de revalorización de pensiones, pero para el del mantemiento del llamado 'escudo social' en el tema de alquileres tendrá que emplearse, una vez más, a fondo...