El Gobierno contempla en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático la obligación de que las 150 ciudades españolas con más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones, al estilo del controvertido Madrid Central. En Andalucía, son 29 las ciudades (de Sevilla y Málaga a Linares y Utrera), de que deberán implantar esta medida de control del tráfico rodado más contaminante y la polución. Hoy por hoy solo existen dos zonas de este tipo en España: una en Barcelona (95 kilómetros cuadrados, de lunes a viernes, de 7 a 20 horas) y otra en Madrid (5 km2, los 365 días del año).
Teresa Ribera, la vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ya advirtió recientemente que esta medida estará recogida como una obligación en un anteproyecto de ley que se quiere tener aprobado en los primeros cien días de Gobierno y que ya ha salido a información pública. La medida ya estaba perfilada en el Plan Nacional de Calidad del Aire, donde se fijaba el año 2023 como el tope para su entrada en vigor. Esa misma fecha, pero sin vinculación alguna, se recoge en el mencionado anteproyecto. El retraso en España de la implantación de los espacios con bajas emisiones en las grandes ciudades ya provocó que la UE abriera un procedimiento de infracción al país, ocasionando también que, por ejemplo, el nuevo alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida haya dado marcha atrás a su plan de suprimir Madrid Central, encargado por su predecesora en el cargo, Manuela Carmena.
Ciudades andaluzas como Sevilla y Málaga superan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en cuanto a límites de contaminación. En concreto, estas capitales andaluzas, además de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Palma de Mallorca, Las Palmas, Bilbao y Valladolid, superaron en 2018 la media anual de partículas finas (PM 2,5) fijada en las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y seis de ellas superaron también la media anual de partículas gruesas (PM 10), según ha alertado la OCU, que ha recogido información sobre las emisiones contaminantes en colaboración con Datadista.
Según su estudio, las emisiones medias anuales de las partículas en suspensión más pequeñas (PM 2,5) superan en todas las ciudades analizadas los 10 ug/m3, el valor fijado por la OMS. En concreto, en Sevilla, Barcelona, Valencia y Palma, los límites se superaron con amplitud. Además, el 97 por ciento de las estaciones de medición municipales instaladas en el conjunto de las diez ciudades superaron en algún momento los 25 ug/m3 diarios, otro límite de emisiones que establece la OMS.
En cuanto a las fuentes de emisión, varían mucho según la ciudad: puertos y aeropuertos, calderas de carbón y gasóleo, industria cercana, cementeras o incluso el polvo sahariano. Pero la principal sigue correspondiendo a los vehículos diésel, sobre todo de los modelos más antiguos. En el anteproyecto de ley, precisamente, se contempla una batalla contra este tipo de vehículos, cuya venta está previsto que esté prohibida a partir de 2040.
Ante estos datos, OCU ha pedido a los ayuntamientos de grandes ciudades que desarrollen de forma "urgente" protocolos de actuación con límites vinculados a las directrices de la OMS, más exigentes que las de la Unión Europea. Cinco de las diez ciudades analizadas carecían de protocolo alguno: en concreto, Bilbao, Las Palmas, Málaga, Palma y Zaragoza (en este caso en fase de elaboración). El anteproyecto, como ya explicó Ribera, también solicitara a los ayuntamientos que aprueben medidas "para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de transporte activo, para mejorar y electrificar el transporte público y para fomentar del uso de medios de transporte eléctricos privados, incluyendo puntos de recarga".
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