El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el proyecto de ley para rebajar la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales, paso previo a ir al Congreso. El apagón eléctrico ha retrasado una semana la tramitación del texto, pero si no hay más imprevistos saldrá por fin de la reunión semanal del Gobierno.
Para la alianza de PSOE y Sumar, es un proyecto clave de legislatura. Los de Yolanda Díaz son los que más han peleado y el PSOE ha acabado haciendo suya la propusta. Gobierno y sindicatos pactaron la fórmula de aplicación, aunque la CEOE, la patronal, se marchó de la mesa.
El texto legal recoge que cerca de 12 millones de trabajadores se verán beneficiados por esta rebaja de jornada. Especialmente afectados serán los empleados no cubiertos por convenios colectivos, como aquellos que trabajan en sectores como la hostelería, el comercio, la agricultura o los servicios-
Además, el proyecto de ley incluye una ambiciosa reformulación del control horario. A partir de su entrada en vigor, las empresas dispondrán de seis meses para implantar un sistema digital e interoperable que permita a la Inspección de Trabajo verificar en tiempo real la jornada realizada por cada empleado. Los registros deberán ser personales, inalterables, accesibles en todo momento y conservados durante cuatro años.
También se refuerza el derecho a la desconexión digital, garantizando que ningún trabajador tenga que responder correos electrónicos o llamadas fuera de su horario laboral. En paralelo, se endurecen las sanciones por incumplimiento: las empresas podrán ser multadas con hasta 10.000 euros por cada trabajador afectado si no respetan la nueva jornada o si manipulan el registro horario, una cifra superior a los 7.500 euros que se contemplaban anteriormente.
Sin visos en el Congreso
Para que el proyecto de ley salga adelante, necesita o bien repetir la mayoría de la investidura o bien un gran pacto de Estado con la derecha. Y ni una cosa ni la otra son a día de hoy viables.
De aquella mayoría parlamentaria, Junts, el partido de Carles Puigdemont -no hay que olvidar, derecha independentista-, ya ha dicho que no lo aprobará, que no tiene ningún interés porque es lesivo para la economía catalana y que, por tanto, no cuenten con ellos.
Por otro lado, el Gobierno no puede esperar nada de partidos como PP o Vox. Los populares no han dicho que no oficialmente, pero ni el clima político de continuo distanciamiento ni un interés ideológico por parte del PP auguran que los de Núñez Feijóo se descuelguen aprobando esta medida.