El caso Supercopa ha abierto una nueva tormenta política en Andalucía alrededor del Estadio La Cartuja de Sevilla. La decisión judicial de investigar al expresidente de la sociedad del estadio José María Arrabal y al gerente Daniel Oviedo por un presunto beneficio ilícito en las obras de reforma del recinto ha desatado una cadena de reacciones institucionales y partidistas. La Junta de Andalucía evita por ahora avanzar decisiones drásticas, la Diputación de Sevilla reclama una respuesta urgente y la oposición a la izquierda eleva la presión para exigir responsabilidades políticas.
Junta y PP: prudencia, distancia y “máxima colaboración” ante la investigación
La respuesta del Gobierno andaluz ha llegado de boca de la consejera de Economía y portavoz, Carolina España, que este miércoles ha querido marcar distancias con una afirmación rotunda sobre la figura de Daniel Oviedo. “No es un cargo público de la Junta de Andalucía. No es un cargo ni público ni político”, sentenció tras el Consejo de Gobierno, en una comparecencia en la que fue preguntada directamente por si la Junta, como accionista mayoritario del Consorcio del Estadio, contempla su cese. La portavoz no cerró ninguna puerta, pero tampoco avanzó una decisión inmediata. Sobre la posibilidad de apartar al gerente o promover una reunión para abordar su continuidad, se limitó a señalar que “se están valorando todas esas cuestiones. No hay nada decidido”. En la misma línea se expresó al ser preguntada por una eventual personación de la Junta en la causa judicial: “No nos lo hemos planteado de momento, pero no quiere decir que no la vayamos a hacer”.
La Junta insiste, en cualquier caso, en un mensaje político claro: colaboración absoluta con la Justicia. España aseguró que desde el Ejecutivo andaluz se ofrece “máxima colaboración” y remató con una frase con evidente carga política: “Otros a lo mejor ponen impedimentos; nosotros, cero”. También dejó caer que en el futuro podría celebrarse un consejo de administración con todas las entidades implicadas para analizar la situación.
La reacción del Gobierno autonómico se produce después de que la jueza instructora, Delia Rodrigo, haya acordado investigar a Arrabal, ex secretario general para el Deporte de la Junta y expresidente de la empresa pública del estadio, y a Oviedo, actual gerente, por su supuesta intervención en las relaciones entre la RFEF y la constructora Gruconsa en las obras de adecuación del recinto para distintas competiciones deportivas.
Según el auto, el juzgado ha autorizado la incautación de “cuantos efectos electrónicos, telemáticos o informáticos” tengan ambos investigados para que sean examinados por la UCO de la Guardia Civil. Además, la magistrada permite el acceso al contenido de sus servicios de banca online o remota para aclarar si existió un “posible beneficio económico obtenido ilícitamente”. La resolución judicial pone el foco sobre la actuación de ECSSA cuando, en abril de 2021, el Comité Ejecutivo de la UEFA decidió que La Cartuja fuera la sede española de la Eurocopa, en sustitución de Bilbao. Tras ello, la sociedad solicitó a la Junta una subvención excepcional “por razón de interés público y social”, que fue autorizada por la Consejería de Educación y Deportes por 4.956.000 euros. Pocos días más tarde, el 7 de mayo, Arrabal firmó como presidente del consejo un documento justificando la puesta en marcha de expedientes de contratación ligados al convenio con la RFEF y a la subvención autonómica. El 28 de mayo rubricó el inicio de dos expedientes, uno por 88.061,99 euros para la tematización de la sala de prensa y otro por 816.798,24 euros para la adecuación de la zona deportiva. Ese mismo día, Oviedo firmó la memoria justificativa de ambas licitaciones.
La jueza añade que las obras relativas a los sistemas de control de accesos e iluminación generaron una facturación de 2.342.143,87 euros más 122.434,96 euros, y subraya que, aunque las facturas fueron asumidas por la RFEF, “en repetidas ocasiones” se atribuye esa responsabilidad a ECSSA. También destaca que Arrabal y Oviedo compraron inmuebles meses después de las adjudicaciones: una vivienda en Málaga por 343.500 euros en el caso del primero, junto a su mujer, y otra en Sevilla por 181.000 euros en el del gerente.
Diputación y PSOE: exigencia de explicaciones y presión para un consejo extraordinario
Mientras la Junta opta por la prudencia, la Diputación de Sevilla ha elevado el tono y ha dado un paso político inmediato. La institución provincial ha solicitado este miércoles la convocatoria urgente y extraordinaria del Consejo de Administración del Estadio Olímpico de La Cartuja tras conocer la imputación de Arrabal y Oviedo por el presunto beneficio ilícito en las obras del complejo deportivo. La petición no se limita a reclamar la reunión. La Diputación quiere además que esa cita esté presidida por la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, apelando a la “relevancia institucional del asunto y la necesidad de ofrecer las máximas garantías de transparencia, rigor y responsabilidad pública”.
En el mensaje remitido a los medios, la institución deja claro cuál debe ser el objetivo del encuentro: “analizar la situación, conocer en detalle las informaciones publicadas y adoptar, en su caso, las decisiones que correspondan para garantizar el correcto funcionamiento y la credibilidad de la institución”. La formulación no anticipa medidas concretas, pero sí refleja que la Diputación considera que el caso ya no puede manejarse como una cuestión menor o interna. La reacción llega en un momento especialmente delicado, porque el auto judicial describe con bastante detalle la implicación de Arrabal y Oviedo en la tramitación de las obras y en las relaciones con la Federación. La instructora habla de “participación directa” de ambos en el proceso y vuelve a subrayar que la investigación se enmarca en una causa por presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales.
Ese procedimiento no se limita a las obras de La Cartuja. La jueza recuerda que la causa está abierta por los posibles retornos económicos irregulares derivados de las negociaciones con Arabia Saudí para la celebración allí de la Supercopa de España masculina de fútbol. Esos beneficios, añade, podrían haber favorecido al expresidente de la RFEF Luis Rubiales, a directivos y empleados y también a colaboradores externos, por la posible concesión de terrenos en el país árabe para su explotación hotelera. En ese contexto, la Diputación considera “imprescindible actuar con la máxima transparencia y responsabilidad institucional”. El mensaje político que traslada es claro: la investigación judicial afecta a una infraestructura estratégica y a una entidad de enorme proyección pública, por lo que el silencio o la espera pueden erosionar todavía más la credibilidad del estadio y de sus órganos de gestión.
Aunque el texto no recoge una posición formal del PSOE andaluz o del PSOE de Sevilla, el movimiento de la Diputación —institución con dirección socialista— coloca al partido en un espacio de presión directa sobre la Junta, a la que reclama que asuma el mando de la respuesta política a través de la consejera Patricia del Pozo. El choque, por tanto, no se limita al terreno judicial: también se libra en el institucional.
Adelante y Por Andalucía: depurar responsabilidades
A la izquierda del PSOE, el caso ofrece además un nuevo argumento para endurecer el discurso sobre la gestión de la Junta y la gobernanza de grandes equipamientos públicos. El hecho de que la causa afecte a un ex alto cargo vinculado al área de Deporte y al actual gerente del estadio convierte el asunto en un terreno especialmente sensible para Adelante Andalucía y Por Andalucía, que previsiblemente encuentran aquí un nuevo foco para reclamar explicaciones y responsabilidades políticas. La base de esa presión está en los elementos que recoge el auto: la investigación a dos responsables de la sociedad del estadio, la autorización judicial para registrar y analizar dispositivos electrónicos y servicios bancarios, las adjudicaciones a Gruconsa, la subvención excepcional de casi cinco millones de euros concedida por la Junta y la compra de inmuebles pocos meses después de la adjudicación de los expedientes.
La izquierda andaluza tiene además un terreno abonado en la dimensión simbólica del caso: no se trata solo de unas obras, sino de la gestión de dinero público en un recinto emblemático, vinculado a grandes eventos deportivos y a una causa que también salpica al universo de la RFEF y a la etapa de Luis Rubiales. Ahí es donde Adelante y Por Andalucía pueden concentrar su ofensiva: en exigir que la investigación judicial tenga una traducción política y no se quede únicamente en el ámbito de los tribunales. Por ahora, la jueza sigue avanzando en una causa que ya ha sacudido el tablero andaluz. Y La Cartuja, que fue escaparate de la Eurocopa y de grandes citas deportivas, se ha convertido de golpe en el centro de una nueva batalla política.