El Gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía quiere distanciarse cuanto antes de la sentencia de los ERE que recientemente ha condenado a dos presidentes del PSOE, aunque el texto íntegro de la sentencia no se conoce todavía. La Junta - aún sin portavoz - lo ha hecho presentando la nueva ley de de Creación de los Cuerpos Superior y Técnico de Intervención y Auditoría. Una norma que ya estaba en el Parlamento de Andalucía tramitándose pero que decayó debido a la convocatoria de elecciones, por lo que ha tenido que volver a comenzar los procedimientos.
Es la segunda ley que el Consejo de Gobierno aprueba en las dos semanas que lleva funcionando, algo que deja clara la velocidad de crucero que ha establecido el nuevo Ejecutivo de Juanma Moreno. Algo que, por otra parte, era previsible dada la mayoría absoluta que sustenta al Gobierno después de los resultados del 19 de junio.
Aunque todavía no hay portavoz oficial, Antonio Sanz está siendo, de momento, la persona que asuma este papel. El que era número dos de Elías Bendodo ahora es su sustituto y es algo que se nota, ya que la línea que está siguiendo en sus intervenciones es similar. De momento, ha sido firme a la hora de marcar diferencias con los anteriores gobiernos socialistas.
"Es la demostración palpable de la apuesta del Gobierno de Andalucía de mejorar los controles y garantizar que las malas prácticas que hemos tenido en la historia de las etapas socialistas queden siempre en el pasado", ha señalado. En este sentido, Sanz ha hecho referencia a los sucedido en los ERE, "mientras el PSOE apartaba a la intervención, el Gobierno de Junama Moreno refuerza el papel de este órgano de control y fiscalización".
Además, el consejero de Presidencia ha querido contraponer dos formas de gobernar sacando pecho de la actual, "deja a las claras que existen dos modelos, dos formas distintas de actuar en pro de la transparencia y de la gestión de los fondos públicos de los andaluces". Los populares han afirmado que están "convencidos" de que, en caso de que el PSOE no hubiera "apartado a la intervención, el caso de los ERE no se hubiera producido". Sanz ha calificado este fraude como "un mal recuerdo" que ya está "superado".
Sobre esta cuestión la Junta de Andalucía contabiliza en estos momentos unos 21 millones de euros recuperados y otros 1,9 millones "reconocidos" pero pendientes de pago, fruto de sus actuaciones ante el Tribunal de Cuentas y la Justicia, en demanda del reintegro de ayudas de diversa índole abonadas años atrás con cargo a los programas presupuestarios 22E y 31L y mediante el mecanismo por el cual la Audiencia de Sevilla condenó a los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el primero exclusivamente por prevaricación y el segundo además por malversación, una condena ratificada ahora por el Tribunal Supremo.
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